¿Es tan fácil que Vicentin genere los dólares que la Argentina necesita?

"Todos sabemos de un tiempo a esta parte la preocupación que hemos tenido todos por la situación del Grupo Vicentin, un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, alimenticio, vitivinícola, de gran trascendencia y ha expresado una enorme crisis, generada por una crisis financiera donde el Estado nacional es su principal acreedor a través del Banco Nación", dijo el lunes el presidente, Alberto Fernández, al anunciar la intervención de la firma que nació hace 90 años en el norte de Santa Fe y que logró convertirse en uno de los principales jugadores agroexportadores del país.

La empresa también tiene otro logro, caer en default y pedir concurso a pesar de pertenecer al selecto grupo del sector más competitivo de la Argentina: el campo.

Si bien es una empresa privada, lo cierto es que el gran endeudamiento con bancos públicos la coloca en una situación compleja. Y la primera pregunta que todavía no tiene respuesta es por qué la banca pública, encabezada por el Nación, otorgó esos créditos. La Justicia investiga por estas horas qué fue lo que pasó y por qué el gobierno de Mauricio Macri le dio ese privilegio.

En el mercado creen que la debacle es una combinación de factores. Más allá de la investigación de la Justicia por posible manejo fraudulento, figura una decisión que también fue del gobierno anterior. Se refieren a la medida que eliminó el diferencial de retenciones de 3% entre la exportación de aceite y de porotos de soja. Por ese motivo se calcula que Vicentin dejó de percibir unos u$s 50 millones anuales, que a una empresa endeudada y con la fuerte devaluación luego de las PASO, le asestó un golpe casi de knock out.

Sin embargo, con la decisión de Alberto Fernández tomada, lo que comienza ahora es un ciclo doble. Primero el de mirar hacia atrás, investigar y ver por qué Vicentin llegó a donde llegó. Lo segundo parece aún más complejo. Es decir, para que la empresa intervenida sea expropiada y para que vuelva a ser un jugador importante en el mercado de granos faltan pasos que aún no se dieron.

El Estado no puede tomar una posición en una empresa privada si el juez lo niega. Por eso, ayer el debate era si podían considerarse válidas las acciones que tome el interventor, Gabriel Delgado, si no cuenta con el aval de la Justicia.

El siguiente paso es que el Congreso apruebe la ley que considere a Vicentin de interés público y sujeto a la expropiación. Recién entonces, el Ejecutivo podrá expropiar la empresa. Deberá cumplir con el requisito de tasar la compañía y a partir de ese momento, contará con 30 días para depositar el pago. En el mercado aseguran que los activos de Vicentin valen unos u$s 700 millones. Si no se paga, Vicentin puede recurrir a la Justicia. La historia seguirá.

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