En un rediseño tributario, el consenso no debe ser un objetivo secundario

Nadie va a sorprenderse de que la Argentina emprenda, una vez más, el camino de una reforma tributaria. La estructura actual se aprobó en 2017, como parte de un esquema que procuraba disminuir la presión impositiva sobre la actividad económica. Sus objetivos no se lograron.

La revisión actual estaba dentro de los planes de campaña de Alberto Fernández. Como era de esperar, tiene un sesgo distinto. El Gobierno está dispuesto a ajustar los niveles impositivos sobre los sectores de mayores ingresos, ya que espera darle progresividad al sistema. Lo que habrá que ver es cómo logra el balance general, para que también pueda haber espacio para la eliminación gradual de los impuestos distorsivos y de aquellos gravámenes que incentivan la evasión, como un IVA de 21%.

Lo más complejo de este nuevo intento es que la Argentina todavía tiene por delante un escenario económico complejo en materia fiscal. El desplome de la actividad que sobrevino a la pandemia forzó al Estado a aplicar un nivel de asistencia a personas y empresas tan inédito como lo fue la caída del PBI en el segundo trimestre. El propio Ministerio de Economía espera un déficit fiscal cercano a 8%, solventado en su mayor parte por el único financista que tiene el Tesoro, el BCRA.

 

Eso significa que la reforma tributaria no podrá prescindir de la necesidad de tener que reunir más ingresos. Mauricio Macri esperaba financiar la transición que abría el proyecto tributario que comandó Nicolás Dujovne con más financiamiento externo. Pero el 2018 fue un encadenamiento de sucesos negativos para el Gobierno, en el que se combinaron los cambios en el BCRA, la sequía récord y la salida de capitales por el cambio en las condiciones financieras globales. Macri tuvo que acudir al FMI y desandar su camino, reponiendo las retenciones y aplicando subas en tributos que debían bajar.

Alberto Fernández va a tener un espacio fiscal acotado para moverse. Si bien el canje de deuda alivia las obligaciones financieras, será difícil desconectar al gasto público de su actual ritmo de crecimiento. Sobre todo cuando el futuro del coronavirus aún está rodeado de incertidumbre.

A diferencia de otras iniciativas oficiales, el cambio en la estructura tributaria ya es fruto de consultas con los profesionales de las ciencias económicas, entre otras entidades e instituciones. No es menor: no hay peor tributo que el que no se puede cobrar, como sucedió cuando se gravó la renta financiera de las Lebac.

El Ejecutivo por ahora está trabajando entre bastidores, ya que tiene otras prioridades entre manos y aún debe completar el ordenamiento de la deuda (incluida la del FMI). Es de esperar que en un tema tan relevante como la estructura tributaria el consenso no sea una aspiración secundaria. Cambiar las reglas cada dos o tres años es tan regresivo como un mal impuesto.

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