El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California busca aprobar una medida que pondría en riesgo la renovación y vigencia de las Licencias de Conducir Comerciales (CDL) para personas no ciudadanas. El proyecto surge en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. Aunque el Tribunal Superior del Condado de Alameda falló en contra de la iniciativa, en un revés para la postura del mandatario, el DMV de California ha sido presionado de manera constante por el Departamento de Transporte de Estados Unidos para avanzar con este cambio. El otoño pasado, el DMV de California envió 20.000 cartas a conductores para informarles que sus licencias vencerían dentro de los siguientes 60 días. La mayoría de estas personas eran solicitantes de asilo e inmigrantes con estatus migratorio legal, como titulares de Green Card o visas de trabajo temporales. Un bufete de abogados y dos organizaciones de defensa legal, Asian Law Caucus y la Sikh Coalition, presentaron una demanda en representación de los camioneros. Argumentaron que el organismo no había respetado el debido proceso al cancelar las licencias. Como consecuencia, el vencimiento se prorrogó de manera temporal hasta el 6 de marzo. En respuesta, el Departamento de Transporte anunció que retendría hasta 160 millones de dólares en fondos federales destinados a carreteras, como sanción al estado por haber permitido la extensión. La administración de Donald Trump amenazó al estado de California y advirtió que podría revocarle la autorización para emitir licencias comerciales si no cumple con las órdenes vinculadas a la situación migratoria de los conductores. Por el lado de los conductores que podrían perder su licencia comercial, la medida no solo afectaría su movilidad y su capacidad de trabajar, sino también la inversión personal que muchos realizaron para poder desempeñarse en esa actividad.