El objetivo principal de esta nueva ley es permitir la regularización de las firmas mediante un sistema de facilidades de pago que contemple plazos y condiciones accesibles, en particular, en las micro y pequeñas empresas de hasta 19 empleados.

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, subrayó que hay unas 340 mil empresas activas en el organismo, de las cuales 37 mil son morosas. De ellas, 4.200 se encuentran en actividad.

Pardo explicó que la herramienta aprobada en el Parlamento reúne tres condiciones que la optimizan:

✔ La no existencia de cuota mínima

✔ La posibilidad de firmar convenios por deudas desde el año 1996 hasta la fecha de vigencia

✔ Períodos de gracia en caso de que la pequeña empresa lo necesite.

El BPS dispone de 90 días para implementar la ley, por lo cual, a partir de setiembre, cuando esté operativa, el organismo previsional realizará una campaña de información sobre las nuevas condiciones de estas empresas para regularizar adeudos, anunció Pardo.

“La morosidad del BPS es históricamente baja, de un 2,5% sobre el total. No obstante, es bueno tener un instrumento alternativo al actual, sobre todo, porque brinda mayores facilidades para financiar aportes de personal dependiente, que hoy no es posible”, indicó Pardo, en alusión al Código Tributario, que es la norma vigente.

“Hoy las tasas de interés de financiación son altas, los aportes de empleados no se pueden financiar, por lo que disponer de estos elementos da solución a casos puntuales de empresas que vienen arrastrando deudas que se les vuelven pesadas”, agregó.

Reactivación económica

El proyecto de ley enviado por el gobierno promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, a través de un esquema flexible que permita la reestructuración de deudas y el alivio de cargas financieras.

El objetivo de esta norma es impulsar la recuperación del empleo y la actividad en sectores clave de la economía, y que las empresas inactivas puedan sanear sus deudas, para prevenir un efecto negativo cuando los titulares gestionen jubilaciones.

La norma establece que, según la naturaleza de la deuda por convenir, se fijan plazos de financiación por los montos originales en hasta 36 y 72 meses (3 y 6 años).

Al contar con plazos largos, las empresas podrán distribuir los pagos, lo que les permitirá priorizar su actividad productiva mientras regularizan su situación tributaria.