

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una nueva investigación por el caso de Pablo Leiva, el exasesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, condenado a 2 años y 6 meses por lavado de activos y tráfico de municiones por la Fiscalía de Estupefacientes.
El fiscal Rodríguez recibió nuevos elementos reunidos por los investigadores policiales y resolvió abrir una causa para profundizar las posibles maniobras de lavado. La indagatoria alcanzará inicialmente a dos casas de cambio relacionadas con la operativa investigada.

Leiva fue condenado junto a un hombre y una mujer, que oficiaban como distribuidores de drogas, tras la incautación de 265 kilos de drogas -141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína- en una casa en el barrio Brazo Oriental. La droga está valuada en unos 3 millones de dólares
En la casa de Leiva, se incautaron también unos 3 millones de pesos, 42 mil dólares, vehículos de alta gama y municiones para fusiles Ak-47.
Según la investigación, la droga era distribuida en los barrios Villa Española, Marconi y Pérez Castellanos, donde el grupo operaba como proveedor de varias familias vinculadas al narcotráfico.
El lavado de dinero
La investigación sobre un esquema de lavado de activos contra Leiva apunta a operaciones de compraventa de divisas a través de un cambio de un local de una red de pagos en el barrio Pérez Castellanos, propiedad de la esposa del director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el ex legislador blanco Jorge Gandini.
“No tenemos nada que ocultar”, aseguró el jerarca nacionalista y dijo que no es cierto que Leiva haya blanqueado dinero en el local, que es propiedad de su familia desde hace 13 meses.

La investigación de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º Turno logró establecer que Leiva recibió a un narcotraficante en la puerta de su casa, agarró una bolsa con dinero y sabía sobre su procedencia. Tenía como objetivo lavar el dinero ilícito de la organización criminal.
Por su parte, el edil blanco Gonzalo Gómez, dijo en conferencia que Pablo Leiva no es su asesor y lo contrató como parte de su equipo recomendado por su hijo Lucio, quien trabaja como su secretario en la Junta Departamental. El legislador asumió su error en la contratación y aseguró que desconocía las actividades ilícitas de Leiva.












