La Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional recibió este domingo al edil de Montevideo Gonzalo Gómez luego de que se confirmara la condena por lavado de activos de su exasesor Pablo Leiva. En la reunión se calificó el hecho como de “enorme gravedad” y se subrayó la necesidad de preservar la imagen y la probidad del partido, al tiempo que se recomendó remitir el asunto a la comisión de Ética para su análisis.

Como primera medida, se propuso que el Directorio acepte la renuncia de Lucio Leiva como miembro de la Comisión Departamental de Jóvenes; Lucio, hijo del condenado, había sido desvinculado previamente como asesor del edil. Lucio fue liberado tras ser detenido en el marco de la investigación que comenzó por la aparición de droga en la vivienda compartida por ambos.

La Fiscalía sostiene que la maniobra fue detectada el 16 de setiembre, cuando una Hyundai Tucson arribó a la casa de Pablo y Lucio Leiva en el barrio Pérez Castellanos y un ocupante entregó una bolsa con dinero. Los investigadores afirman que Pablo Leiva conocía la procedencia ilícita del efectivo —producto del narcotráfico— y que su rol consistía en introducirlo de forma aparente legal en el sistema financiero.

En el allanamiento a la vivienda se incautaron múltiples fajos de dinero y monedas, tres cuadernolas con anotaciones y un teléfono celular; además se hallaron cartuchos de distinto calibre en el dormitorio y una bolsa con dinero en el auto. En total, la Policía secuestró 2.980.240 pesos, según la información oficial.

Gómez aseguró que al conocerse el caso ya se encontraba en el exterior y que había procedido a desvincular a Pablo Leiva. Fuentes del partido indicaron que el edil se puso a disposición de la comisión de Ética y que solicitará licencia hasta que el tema quede esclarecido, en un intento de evitar que la causa afecte la gestión y la imagen institucional.

El episodio abre un desafío para el Partido Nacional en materia de control interno y reputación política, y deja sobre la mesa la necesidad de esclarecer responsabilidades penales y políticas mientras la investigación fiscal continúa su curso.