El edil del Partido Nacional en Montevideo, Gonzalo Gómez, se pronunció en conferencia de prensa tras la condena de Pablo Leiva, uno de los asesores que figuraba en su secretaría e imputado en la Operación Trazador por lavado de activos vinculado al narcotráfico. Gómez afirmó estar “profundamente sorprendido” por los hechos y detalló que la contratación se produjo en diciembre pasado para cubrir tareas administrativas y de difusión, con un salario nominal de 52.000 pesos.

Gómez explicó que la recomendación para incorporar a Leiva vino de su secretario, Lucio —hijo del condenado— quien integra su equipo desde que asumió. Señaló que, por compromisos legislativos y la intensa actividad en la Comisión de Presupuesto, dejó postergadas las tareas asignadas a Leiva y mantuvo comunicación principalmente con el hijo, a quien considera persona de confianza.

El edil subrayó que Leiva “no es mi asesor” en el sentido de una relación directa de trabajo permanente, sino un contrato dentro de las modalidades que la Junta Departamental permite a los ediles (secretarios administrativos o asesores según necesidad). Aun así, Gómez sostuvo: “asumo el error” por no haber tomado más recaudos al contratar a alguien recomendado por confianza personal.

Gómez aseguró desconocer las actividades ilícitas de Pablo Leiva y afirmó que su hijo le había dicho que el padre trabajaba en un cambio. Tras los acontecimientos, Lucio Leiva se apartó de su cargo como vicepresidente de la Juventud de Montevideo y renunció a la secretaría, decisión que el edil valoró como responsable y seria. También indicó que el líder de su agrupación, Jorge Gandini, y la lista 250 desconocían a Pablo Leiva y que éste no militaba en la lista.

El edil dijo haberse puesto a disposición del Partido Nacional, del presidente del Directorio Álvaro Delgado y de la Comisión de Ética, pidió disculpas públicas y solicitó licencia de sus cargos partidarios hasta que el máximo órgano analice el caso. Consultado sobre la posibilidad de renunciar, Gómez afirmó que no lo hará: reconoció un “error grave” por falta de precaución, pero sostuvo que no existe mérito para dimitir de la Junta Departamental.