El Latinobarómetro, que cumple 30 años monitoreando actitudes democráticas en 18 países de la región, muestra en su última edición una pérdida de apoyo a la democracia en Uruguay: la aprobación bajó del 70% en 2024 a 64% entre 2025 y 2026, una caída de seis puntos que refleja un creciente desencanto ciudadano.

Ese malestar se expresa además en que el 45% de los encuestados uruguayos manifestó que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si logra resolver los problemas, una cifra preocupante en términos de legitimidad democrática.

A nivel regional, Paraguay presenta el porcentaje más alto de tolerancia hacia gobiernos no democráticos (71%), mientras que Argentina registra el menor (28%). El informe también revela una sensación extendida de falta de representación: el 76% de los latinoamericanos no se siente representado por sus parlamentos; en Uruguay, el 65% de la población no se reconoce en diputados y senadores, lo que alimenta la distancia entre ciudadanía e instituciones representativas.

La confianza en las instituciones en Uruguay presenta contrastes marcados. Los partidos políticos generan la menor confianza (23%), seguidos por las redes sociales (24%) y los sindicatos (30%), mientras que el presidente obtiene el 35% de respaldo. En el otro extremo, la Policía (60%), las Fuerzas Armadas (57%), la Corte Electoral (52%) y la Iglesia (42%) aparecen como los organismos con mayor confianza relativa, muestra de que la percepción de seguridad y orden tiene peso en la valoración institucional.

El informe también subraya una profunda desconfianza en la gestión pública: el 75% de los uruguayos no confía en que los impuestos se gasten correctamente. Esta percepción se combina con inquietudes sobre seguridad: la mitad considera que se está perdiendo la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el 59% teme ser víctima de algún delito, factores que explican en parte la disposición a priorizar resultados sobre formas democráticas.

Estos datos plantean un desafío político y social: recuperar confianza y representación requiere respuestas concretas en transparencia fiscal, seguridad y mecanismos de participación que acerquen a la ciudadanía a las decisiones públicas, antes de que la frustración erosione aún más el respaldo a las reglas democráticas.