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En un contexto de preocupación por la amenaza de una desregulación de la navegación de cabotaje, el conjunto de gremios que representa a la totalidad del personal embarcado de la marina mercante, nucleados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf), presentó formalmente un proyecto de ley ante el bloque de diputados de Unión por la Patria. La iniciativa busca revertir la situación terminal de la actividad y blindar la soberanía argentina en sus ríos y mares.
La propuesta gremial surge como respuesta a los intentos del Gobierno nacional de eliminar la histórica Ley de Cabotaje, una medida que, según advierten las entidades, entregaría los espacios marítimos y fluviales a flotas extranjeras, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y la capacidad logística del país.
Todo se inició a instancias del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante que preside Jorge Tiravassi. La institución elaboró el informe técnico-político titulado “Defensa del Cabotaje Nacional y Soberanía Logística en la República Argentina” que también fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Herramienta
El proyecto central que apoya la federación es la creación del Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN). Esta herramienta permitiría, mediante beneficios impositivos y un marco legal claro, eliminar las asimetrías que hoy quitan competitividad a los buques de bandera nacional frente a las flotas regionales, sin necesidad de recurrir a la entrega del patrimonio marítimo.
Desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, que preside Mariano Moreno destacaron la importancia estratégica de este paso: “Contar con una marina mercante poderosa es fundamental para acercar nuestra producción exportable a los mercados mundiales a un costo competitivo, pero eso debe hacerse protegiendo la integridad de la bandera nacional y los derechos de nuestros trabajadores”.
“Hemos hecho oídos sordos a quienes proponen la entrega de nuestros ríos y mares. Por eso, hemos elaborado este proyecto que permitiría bajar los costos logísticos, aumentar las fuentes de trabajo y devolverle a la bandera argentina el lugar de privilegio que nunca debió perder”, concluyeron desde la federación.
Incentivos
La propuesta contempla además un conjunto de incentivos fiscales y administrativos destinados a corregir desequilibrios competitivos existentes. Estos beneficios no constituyen privilegios sectoriales, sino instrumentos de política económica orientados a generar actividad, inversión, empleo registrado y desarrollo productivo. La experiencia internacional demuestra que las principales potencias marítimas del mundo han recurrido a mecanismos similares para preservar sus flotas nacionales y garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos para el transporte y la logística.
La protección del cabotaje marítimo y fluvial es la norma internacional dominante, no la excepción. 91 de los 136 países con litoral marítimo restringen rigurosamente su cabotaje. El ejemplo más contundente es Estados Unidos, que protege su comercio doméstico mediante la Merchant Marine Act de 1920 (Jones Act), exigiendo que todo buque de cabotaje sea construido en su territorio, posea su bandera y esté tripulado por el 100% de Oficiales estadounidenses y en un 75% por personal subalterno estadounidense.
