Año tras año, desde el inicio de las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, y muy especialmente en lo que respecta al Sistema Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta Provincial Interbalnearia 11 y conexas), se vienen registrando aumentos de peaje.
A juicio del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), "los escandalosos tarifazos de peaje se producen sin control alguno, son abusivos, injustificados, carentes de considerables fundamentos técnicos-económicos, y generan serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto".
Según la Conaduv, "con el actual Gobierno que encabeza Axel Kicillof se sigue con más de lo mismo y favoreciendo el interés particular de la indebida e innecesaria empresa concesionaria estatal Autopistas de Buenos Aires SA. (AUBASA) por encima de la defensa del bien común".
A partir del 1° de diciembre de 2022 regirá un incremento de peaje del 90 % que se sumará a otro del 35 % a partir de marzo 2023. Hay que tener en cuenta que en agosto de este año ya se había otorgado otra suba del 50%. Es decir que, desde agosto de 2022 a marzo 2023, el aumento será de aproximadamente el 270%.
"Esto se da luego de haberse llevado a cabo las respectivas Audiencias Públicas no vinculantes y que son un simple formalismo y una burla a los usuarios viales y al público en general", advirtieron desde la Conaduv.
Lo cierto es que las concesiones viales tienen carácter de servicio público, y a pesar del tiempo transcurrido nunca se ha creado un marco regulatorio o ente regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos.
Nunca fue considerado por los distintos gobiernos bonaerenses ni por la legislatura bonaerense, a pesar de los reiterados pedidos llevados a cabo por parte del Conaduv.
Tampoco fue contemplado por la propia Defensoría del Pueblo de la Provincia.
"Es así que se siguen vulnerando y pisoteando los derechos de los usuarios viales, siendo esquilmados a través del cobro de un falso peaje o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional", sentenciaron desde la entidad que reúne a los usuarios.
Las preguntas de la Conaduv son claras: cómo es posible que se cobre peaje, si las obras han sido financiadas y lo siguen siendo, por el Estado Nacional y Provincial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Por qué hay que financiar la empresa AUBASA, deficitaria, sumamente costosa, innecesaria y burocrática, que sólo se limita a cobrar el peaje, utilizándola como una caja política y actuando indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad Provincial (DVP)".
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acaba de anunciar la repavimentación de una parte de la Autovía 2, pero con fondos del BID y del Gobierno Nacional.
"Esto deja bien en claro la situación indebida de AUBASA que solo se limita a esquilmar el bolsillo de los usuarios viales cobrando el peaje y no poner un peso para las obras necesarias en el Corredor Vial Integrado del Atlántico", resaltaron desde la Conaduv.
