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Este lunes por la mañana, fue detenido el presidente del directorio de Vicentin, Omar Adolfo Scarel, en su domicilio de la localidad santafesina de Avellaneda, a más 300 kilómetros de la capital provincial. Tras lo ocurrido, la cerealera -que acumula una deuda superior a u$s 1500 millones, luego de caer en default en diciembre de 2019- consideró que se trata de una medida "absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida".
La detención se da en el marco de una causa en la que Scarel esinvestigado por la Justicia penal de Rosario, junto con otros directivos de la compañía,por presunta estafa en la venta de acciones que estaban cauteladas. También, se realizaron allanamientos y se secuestró material informático y documentación.
El origen de la causa penal
La Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía de Rosario, a cargo de Miguel Moreno, acusaal ejecutivo de delito de desobediencia. De acuerdo a la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, infringió una medida cautelar impuesta por la Justicia penal en 2020, cuando la misma dictó la prohibición de innovar en las participaciones accionarias de la compañía.
En ese sentido, se abrió una investigación por "disposición de activos de Renova que estaban cautelados", informó el Ministerio Público de la Acusación de Rosario. En diciembre de 2019, Vicentin se desprendió de un 16,67% de su tenencia accionaria en el complejo aceiterio de Renova, que se creó en 2007 y produce harinas y aceites de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo.
Le transfirió ese porcentaje aGlencore Agriculture, ahora Viterra, la unidad de commodities agrícolas del gigante suizo. Desde entonces, Vicentin conserva el 33,33% de la participación y Viterra es el accionista mayoritario, con el 66,67% de las acciones.
La causa penal se inició el año pasado, a raíz de la confección y la aprobación de los balances anuales de Vicentin correspondientes a 2017 y 2018, que contenían supuesta información financiera para ocultar el real pasivo de la empresa y exhibían una aparente situación patrimonial sólida,maniobra que le habría permitido a la aceitera conseguir créditos por u$s 500 millones.
En ese entonces, Scarel -un hombre de confianza del fallecido Sergio Nardelli y de peso importante en la cúpula- se desempeñaba como contador de la firma. Asumió en su actual cargo cuando el ex management dio un paso al costado, en octubre de 2020. Fue en el marco de esa investigación que, en octubre, Scarel fue imputado por presunta estafa y defraudación junto a 14 ejecutivos de Vicentin. Se les prohibió la salida del país y se les pidió la presentación de un seguro de caución de u$s 10 millones.
Según le anticiparon a El Cronista fuentes judiciales, Scarel será trasladado a Rosario, donde se llevará adelante una audiencia de imputación esta semana. Se realizaría el miércoles o el jueves. En esa jornada, está previsto que la fiscalía pida, además, su prisión preventiva, argumentando la peligrosidad procesal, dados sus últimos movimientos.
Scarel será trasladado a Rosario, donde se llevará adelante una audiencia de imputación esta semana.
La detención ocurre en la cuenta regresiva para el vencimiento del plazo que la Justicia le concedió a la empresa en el marco de la negociación que lleva adelante con los acreedores comerciales y financieros. Vicentin busca alcanzar un acuerdo que le permita salir del concurso que se inició en febrero de 2020. Tiene tiempo hasta el 30 de este mes, luego de la prórroga del período de exclusividad que le concedió la Justicia.
El hecho sucede, además, a 20 días de que el Gobierno volvió a poner la lupa sobre la cerealera. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le solicitó al trío de interesados en entrar al capital accionario de la cerealera -la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA),Viterra Argentina y Bunge, que se sumó al consorcio tras la salida de Molinos Agro-que informe la transacción, en caso de concretarse.
El organismo, dependiente de la Secretaría de Comercio, encabezada por Roberto Feletti hasta entonces, hizo el pedido para analizar "si la operación de concentración que emerge como consecuencia del proceso falencial restringe o distorsiona la competencia, de modo que puede resultar un perjuicio para el interés económico general".
La CNDC decidió intervenir en el caso, a raíz de una denuncia que presentaron ante el organismo los mismos promotores de la causa penal contra la cerealera.
El descargo de Vicentin
Para Vicentin, la medida es "absolutamente injustificada, arbitraria y desmedida".
"Llama poderosamente la atención que ocurra cuando se han alcanzado las mayorías de las cápitas necesarias para aprobar la propuesta concursal y cuando el concurso se encuentra próximo a resolversecon la aprobación de las entidades financieras, para alcanzar la mayoría necesaria en cuanto al capital requerido", se defendió la agroexportadora concursada en un comunicado que emitió.
Según informó Vicentin en la Justicia comercial, ya consigió la adhesión de la mitad más uno (el 51%) de las cápitas de los acreedores granarios. No obstante, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Concursos y Quiebras, aún necesita conseguir la aprobación de los acreedores que representan los dos tercios (el 66%) del capital de la deuda. Asimismo,todavía está pendiente que se expidan los bancos extranjeros, un grupo financiero que incluye a entidades del exteriorconu$s 500 millones impagos.
"La medida no encuentra ningún tipo de justificación. El supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad, es absolutamente falso", apuntó.
"De ninguna manera, la compañía ha incumplido las restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractualesad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas", argumentó.
De acuerdo a la empresa, tanto Scarel como el resto de los miembros del directorio imputados en la causa, "han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida".
"No existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad, confiamos que se rectifique de manera inmediata este proceder", c concluyó.
