La Justicia de Mendoza embargó por hasta $ 1200 millones cualquier tipo de fondos que le pague Laboratorios Richmond a uno de sus principales accionistas. La decisión se dio en el marco de una pelea legal que enfrenta a miembros de una de las principales y más tradicionales familias empresarias de la Argentina. “En el marco de una acción societaria en trámite por ante el Tercer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, Richmond ha sido notificada de una medida cautelar que dispone el embargo sobre los derechos económicos presentes y futuros que generaran las acciones de Richmond de titularidad registral de Busnel S.A.”, informó el laboratorio en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este embargo, precisó, aplica sobre dividendos, distribuciones, reembolsos, rescates, amortizaciones, devoluciones de aportes “o cualquier suma pagadera” por el laboratorio “en razón de esa tenencia” hasta cubrir la suma de $ 1200 millones. La orden incluye que todo pago que corresponda hacer por esos conceptos a favor de Busnel S.A. sea “retenido y depositado a la orden del Tribunal, hasta el límite de la cifra cautelada”. Busnel tiene alrededor del 25% de Richmond, lo que lo convierte en el segundo accionista mayoritario del laboratorio, detrás de Marcelo Figueiras (40%). Con una capitalización bursátil -algo menos del 18% cotiza en el mercado-, en estos días, de $ 160.000 millones, ese 25% equivale a $ 40.000 millones. El año pasado, le significó a Busnel recibir $ 500 millones en dividendos por los resultados del ejercicio 2024. Busnel es una sociedad anónima cuyo titular es un fideicomiso, Fiduciaria GC S.A., cuyo beneficiario es Gerardo Cartellone, empresario mendocino que desde hace años mantiene una disputa judicial con su hermano José. Cartellone es uno de los mayores e históricos grupos de Mendoza. Su piedra fundamental es la constructora, José Cartellone Construcciones Civiles (JCCC), fundada en 1918. Conducida desde los ‘50 por su hijo Gerardo (padre del actual; fallecido en 2011), el holding se consolidó en grandes proyectos de infraestructura públicos y privados en cerca de 20 países. También, se diversificó hacia otros negocios, como alimentos -fue dueño de marcas como Resero, Villavicencio y Molto-, servicios (distribución de energía eléctrica y gas), energía (producción y transmisión de energía eléctrica en alta tensión) y concesiones viales. Actualmente, la mayoría de la empresa está en manos de José Cartellone, mayor de los nietos varones del fundador. Titular de dos tercios del capital, mantiene con su hermano Gerardo -director de la empresa entre 1997 y 2009 y dueño del tercio restante- una guerra legal que, entre otras cosas, incluyó una intervención judicial de la empresa, por un año, decidida a fines de 2020. Gerardo cuestionó en los tribunales mendocinos la operación a través de la cual José se hizo con la mayoría accionaria (compró la participación de otra hermana). Fue el detonante inicial de un conflicto que también desencadenó otros. Conocedores de la pelea familiar explican que el caso puntual del reciente embargo a los dividendos de Richmond es por una inyección de capital de la constructora decidida en 2017, por el equivalente a u$s 40 millones al tipo de cambio de entonces. José hizo el aporte correspondiente a su 67% y le reclama a Gerardo que haga el 33% restante. Por tal razón, ahora se pidieron al juzgado tres embargos que la jueza María Paula Culotta concedió: uno personal, por $ 500 millones; el de los eventuales dividendos que pague Richmond; y otro por sus acciones en la constructora familiar, también por hasta $ 1200 millones. Es decir, hasta $ 2900 millones entre los tres (algo más de u$s 2 millones, al valor actual del dólar). Cartellone (la empresa) viene de atravesar una década compleja. Además de resultar salpicada por la causa Cuadernos -José, Gerardo, la hermana mayor de ambos, María Rosa (presidente de la empresa entre 2007 y 2009), y otros ex ejecutivos de la empresa están imputados en el expediente-, la constructora apeló en julio de 2021 al concurso preventivo para reorganizar sus pasivos, que ascendían a unos u$s 60 millones. La empresa sufrió, en ese momento, una combinación letal. La Administración de Alberto Fernández rescindió la concesión de la Ruta 7, firmada bajo el marco de los contratos de participación público-privada (PPP) durante el Gobierno de Mauricio Macri. A eso, se sumaron litigios irresueltos por obras en Bolivia y los todavía latentes efectos que había provocado la pandemia. La convocatoria de acreedores, se aclaró en ese momento, afectó sólo a la constructora, no al resto de las empresas del grupo. En agosto del año pasado, la empresa informó que había homologado el acuerdo para levantar su concurso. Cancelará el pasivo mediante la emisión de obligaciones negociables privadas -es decir, fuera del régimen de oferta pública-, que se pagarán en 10 cuotas anuales. Cartellone se comprometió con sus acreedores a una “austeridad financiera” durante esa década que, entre otras condiciones, implica no distribuir dividendos mientras estén vigentes esos bonos. Tampoco podrá ampliar operaciones financieras o societarias, entre otras restricciones. Facilitará esa reconstrucción financiera la recuperación operativa e institucional que vive actualmente la empresa, cuyo CEO actual, Alejandro -hijo de José-, recibió el año pasado el premio de la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE) en la categoría Industria. En los últimos dos años, con la cuarta generación en la conducción -Alejandro y sus hermanos-, Cartellone -que también tiene presencia en obras privadas de energía y minería, y en proyectos propios de energía renovable- ganó licitaciones públicas provinciales en Mendoza y a nivel nacional. A inicios de este año, el Gobierno de Javier Milei firmó los contratos de concesión con Cartellone y la constructora rosarina Obring para la privatización de 741 kilómetros de rutas nacionales. Autovía Construcciones y Servicios, de Cartellone, quedó a cargo del “Tramo Oriental” de la llamada “Ruta del Mercosur” y que incluye las rutas nacionales 12, 14, 117, 135 y la A-015, 682,3 kilómetros en total.