La discusión sobre la propiedad privada, revitalizada por el ímpetu reformador del gobierno nacional, no sólo atraviesa temas como las expropiaciones o los desalojos. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó a debatirse en el Congreso también propone modificar uno de los principales mecanismos utilizados durante las últimas tres décadas para regularizar viviendas sin escritura.
Si la iniciativa avanza, cambiará la lógica de la conocida Ley Pierri.
En lugar de un régimen extraordinario sujeto a una fecha de corte fija, pasaría a funcionar como un sistema permanente de regularización dominial.
La modificación ampliaría el universo de personas que podrían iniciar el trámite, pero también elevaría los requisitos para demostrar la posesión del inmueble.
Del régimen excepcional a una ventanilla permanente
El principal cambio no pasa por un plazo, sino por la filosofía de la norma.
La Ley Pierri fue sancionada en 1994 como un régimen excepcional para permitir que familias que ocupaban viviendas desde hacía años pudieran acceder a un título de propiedad mediante un procedimiento administrativo más simple que la tradicional usucapión judicial.
Con el paso del tiempo, el Congreso fue prorrogando las fechas de corte hasta fijar como requisito acreditar una posesión iniciada tres años antes del 1° de enero de 2009.
En la práctica, miles de familias que comenzaron a ocupar una vivienda después de esa fecha quedaron automáticamente excluidas del beneficio.
El proyecto elimina ese límite histórico. En su reemplazo, propone que pueda iniciar el trámite cualquier persona que acredite una posesión pública, pacífica y continua durante los diez años anteriores a la presentación de la solicitud.
En otras palabras, desaparecería el sistema basado en una fecha congelada y nacería un régimen permanente, donde el requisito siempre se contará hacia atrás desde el momento en que se inicia el trámite.
Quiénes podrían acceder y quiénes quedarían afuera
La reforma modificaría el universo de potenciales beneficiarios.
Por un lado, permitiría que personas que hoy no pueden utilizar la Ley Pierri por haber ingresado a una vivienda después de 2009 accedan al procedimiento una vez que cumplan diez años de posesión.
También incorporaría expresamente a agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residen y desarrollan su actividad productiva, ampliando el alcance más allá de las viviendas urbanas.
Sin embargo, el proyecto también endurece las condiciones para acceder.
Mientras el régimen vigente exige acreditar una posesión anterior a la fecha de corte, la reforma elevaría de tres a diez años el plazo exigido y obligaría a demostrar ese período mediante documentación suficiente, como comprobantes de servicios, tasas municipales, boletos de compraventa, cesiones de derechos u otros elementos que acrediten una ocupación continua y pacífica.
En ese sentido, la iniciativa amplía el alcance temporal del régimen, pero también eleva el estándar probatorio que deberán cumplir los solicitantes.
Qué cambiaría respecto de los barrios populares
Uno de los aspectos menos visibles del proyecto aparece en la relación entre esta reforma y el régimen de integración socio urbana.
Durante la elaboración del dictamen, el Poder Ejecutivo dejó de lado las modificaciones originalmente previstas para la Ley 27.453, que regula el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), y concentró los cambios en la regularización dominial prevista por la Ley Pierri.
La diferencia no es menor, ya que mientras el régimen de barrios populares parte de procesos de integración urbana que pueden involucrar expropiaciones, políticas públicas y regularizaciones colectivas sobre asentamientos completos, la reforma propuesta para la Ley Pierri mantiene una lógica distinta: actúa caso por caso, sobre parcelas individuales y mediante procedimientos administrativos de regularización dominial.
En otras palabras, el proyecto desplaza parte del foco desde los procesos masivos de urbanización hacia mecanismos individuales de escrituración, en línea con la intención oficial de reducir los procesos expropiatorios y privilegiar soluciones dominiales sobre cada inmueble en particular.
Cómo cambiaría el trámite
Si la ley se aprueba, el procedimiento dejaría de depender de una fecha histórica determinada por el Congreso.
Cada solicitud se evaluaría tomando como referencia los diez años anteriores a la presentación del expediente, transformando un régimen que nació como excepcional en una herramienta de aplicación permanente.
Para quienes hoy cumplen los requisitos de posesión, pero quedaron afuera únicamente por la fecha de ingreso al inmueble, la modificación abriría una nueva posibilidad de acceder al título de propiedad sin necesidad de esperar una nueva reforma legislativa.
Al mismo tiempo, quienes pretendan utilizar este mecanismo deberán reunir una prueba documental mucho más extensa que la exigida originalmente, ya que el eje dejará de estar puesto en una antigua fecha de corte y pasará a centrarse en demostrar una década completa de ocupación pacífica y pública.
Lo que falta aún para que se más fácil
La reforma todavía no está vigente. El texto forma parte del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que comenzó su tratamiento legislativo y deberá completar el proceso parlamentario antes de entrar en vigor.
Si finalmente es aprobado sin modificaciones en este capítulo, cambiará uno de los principales instrumentos utilizados desde hace más de treinta años para regularizar viviendas sin escritura.
