El valor de la matrícula se duplicó y suman una "cuota enero"

Los colegios privados ya comunicaron la suba de precios en las matrículas del ciclo lectivo de 2024 y escala la tensión con los padres. Los aranceles se duplicaron y arrancan en $ 310.000 para el nivel inicial y superan los $ 700.000 en los grados más altos, de secundaria y liceo. Además, varios suman una cuota en enero para distribuir en 12 meses los pagos, "para la mejor organización de la comunidad".

Son para los establecimientos que no reciben subvención estatal, que no necesitan autorización del Gobierno para aplicar aumentos, por lo que disponen ellos mismos los incrementos. Representan el 30% de los colegios privados del país, alrededor de 4200, donde concurre el segmento de mayor poder adquisitivo de la población (ABC 1). Entre ellos, se encuentran las instituciones más prestigiosas a las que asistieron famosos, políticos y empresarios, y donde actualmente concurren sus hijos.

En paralelo, las familias organizan reclamos para dar marcha atrás con los aumentos, que califican de "desmedidos y abusivos".En septiembre, las cuotas subieron más del 14% en los institutos que reciben aporte estatal: un 5,4% había sido aprobado en agosto y el mes pasado se añadió un 9%. En tanto, el aumento en los que no reciben subsidio fue similar y fue el tercero más alto en lo que va de 2023 (el mayor ajuste fue de 18% en agosto, mientras que en marzo hubo un 16% de actualización).

Así, desde que se inició el ciclo lectivo, las cuotas subieron cada 30 días y hubo aumentos mayores a los acordados en el programa Precios Justos en el verano para contener el bolsillo de las familias. En ese entonces, recién arrancaban las negociaciones paritarias y las expectativas inflacionarias eran más bajas.

Con aumentos en las cuotas de 2024, los colegios privados buscan recuperar rentabilidad

De esa manera, en un contexto en el que corren riesgo de cierre 200 escuelas en el país y una de Avellaneda ya anunció que no abrirá sus puertas el año próximo por la crisis que vive la educación privada y que se profundizó con la pandemia, las entidades buscan compensar la pérdida de rentabilidad frente al aumento de los costos, compuesto mayormente por el pago de salarios a docentes y personal administrativo y de maestranza.

"La normativa 24/17 establece que las escuelas sin subvención deben informarles a las familias el contrato educativo con los importes del año siguiente antes del 30 de septiembre. El problema es que este decreto es de 1993, cuando comenzó la convertibilidad y la inflación era cero. Hoy, en esta coyuntura, esta norma es impracticable. Tenes que avisar hoy los aumentos cinco meses más adelante. ¿Qué sabemos qué va a pasar, en pleno proceso electoral, con la economía desbordada?", planteó Martín Zurita, presidente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba).

Y agregó que, con costos operativos que crecieron un 150% en lo que va de 2023, "las escuelas se quedaron cortas con los aumentos que fijaron". "Se hace difícil mantener el proyecto educativo con semejante infraestructura, como en el caso de las que tienen piscinas y sistema de vigilancia privada. El problema es que el Estado obligue a definir ahora las subas. La legislación lleva a este despropósito. Pedimos que se postergue el informe de los nuevos montos hasta el 31 de octubre, pasadas las elecciones generales. Elevamos una nota a la Secretaría de Comercio pero no recibimos respuesta", afirmó Zurita.

De acuerdo a un relevamiento de Aiepba, la mitad de los 200 colegios en riesgo de cierre tiene entre un 20% y un 30% de morosidad en el pago de las cuotas, mientras que en el 16% llega al 40%. A su vez, el 45% no puede trasladar la totalidad de los últimos aumentos salariales a las familias, ya que, argumentan, no podrían soportar estos incrementos.De igual modo, el 85% no pudo hacer inversiones en los últimos años.

En consecuencia, el 56% tiene deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia y el 35%, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De ese total, la mitad generó el pasivo en 2020, durante la cuarentena. Por este contexto, el 43% proyecta disminuir personal en cargos y horas no obligatorias, lo que comprende a personal fuera de planta, de administración o maestranza.

La situación ya fue advertida al Gobierno. La asociación remarcó la imposibilidad de afrontar la situación económico-financiera con "consecuencias alarmantes". Se trata de establecimientos a los que asisten casi 10.000 alumnos y donde trabajan 1131 docentes y profesores.

Por tal motivo, le envió a la Dirección General de Escuelas un informe detallado y solicitó encontrar "soluciones y trabajar en conjunto". "La educación de gestión privada es fundamentaly requiere un salvoconducto", sostuvo el pedido al área educativa, en el que la entidad remarcó que seguirá reclamando soluciones "para afrontar los severos inconvenientes que atraviesan las instituciones de enseñanza, que arrastran una crisis desde la pandemia y no logran recuperarse".