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La Justicia porteña dictaminó que el sistema Uber es legal

El juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito la denuncia de taxistas, al asegurar que se trata de un tema de competencia comercial

La Justicia porteña desestimó la denuncia penal del sindicato de taxistas contra el sistema Uber, al considerar que no existe delito.
El juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito la denuncia penal presentada por taxistas contra choferes de Uber y sostuvo que se trata de un tema de competencia comercial el funcionamiento de la aplicación móvil que conecta a conductores particulares con pasajeros. Se trata de un fallo que ya fue apelado y debe resolver la Cámara del Crimen, informaron ayer fuentes judiciales.
"Todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto", sostuvo Zelaya en su fallo al desestimar la denuncia penal, según las fuentes citadas por la agencia Télam.
El fallo del magistrado ya fue apelado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, en representación de los taxistas, y el tema será resuelto por la sala V de la Cámara del Crimen.
En el fallo de primera instancia Zelaya dio la razón al fiscal del caso, Jorge Ballestero, quien había dictaminado a favor de archivar la denuncia por inexistencia de delito.
"Más allá de la conflictividad que –sobre todo mediáticamente– ha desatado la aparición de Uber, lo concreto, lo real, es que no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto", sostuvo el juez.
El Sindicato de Peones de Taxis había presentado una denuncia penal contra 33 conductores de la empresa Uber, al considerar que la actividad que desarrollaban era ilegal. El Gobierno porteño también había advertido que el sistema "opera fuera de la ley".
Para Zelaya, los choferes que conducen vehículos para Uber desarrollan "una actividad comercial lícita", aunque aclaró que "a lo sumo podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos".
Los 33 choferes de Uber habían sido denunciados por supuesto "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita".
En su dictamen, el fiscal Ballestero desestimó la instigación delictiva y la asociación ilícita, al entender que "la aparición de Uber busca desarrollar una actividad comercial lícita bajo un modo de asociación con fines legítimos".
El juez Zelaya coincidió con el criterio del representante del Ministerio Público, al afirmar: "No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios".
El desembarco en abril pasado de la multinacional Uber en la Ciudad de Buenos Aires provocó la reacción inmediata de sindicatos y cámaras empresarias de taxistas, que alertaron sobre los perjuicios que les genera la actividad "ilegal" –según ellos– de Uber y denunciaron que la aplicación móvil sigue operando pese a los fallos judiciales en su contra.
Uber comenzó a operar el 12 abril sin los permisos que contempla la Ley 3622 del Código de Tránsito y Transporte. Ese mismo día el gobierno porteño pidió el cese de operaciones a la empresa y luego, en varias oportunidades, aseguró que el sistema Uber "está fuera de la ley y tienen que cumplir la ley".
Los taxistas realizaron varias protestas en las calles, con bloqueo de tránsito en el microcentro porteño con la consigna "fuera Uber", en las que hubo agresiones físicas a conductores de ese sistema de transporte e, incluso, algún vehículo identificado con la firma fue incendiado. Pero Uber siguió operando, incluso cuando en septiembre las autoridades allanaron las oficinas de la trasnacional.