La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) atribuyó la investigación que derivó en las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) a las acciones promovidas durante la pandemia de Covid-19 para apoyar a arrendatarios de oficinas y centros comerciales mediante descuentos en rentas.
El pronunciamiento de la ADI ocurre luego de que la CNA aplicara una megamulta que supera los MSN $500 millones a la propia ADI, a personas físicas y a grandes desarrolladores y operadores de centros comerciales —entre ellos Administradora Fibra Danhos, Grupo GICSA, El Puerto de Liverpool, Acosta Verde, Grupo Comercial Chedraui, Desarrolladora Mexicana de Inmuebles (DMI) y Grupo Aryba— por incurrir en presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de arrendamiento de espacios comerciales. De acuerdo con la autoridad, la coordinación para fijar límites a los descuentos o evitar otorgar reducciones provocó daños estimados en 404 millones de pesos.
En un posicionamiento difundido este miércoles, la ADI informó que analiza los alcances e implicaciones de la resolución emitida por la autoridad antimonopolio. Explicó que el caso se originó a partir de la investigación iniciada por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2020, en medio de la contingencia sanitaria.
Según la asociación, durante ese periodo invitó a sus socios propietarios de oficinas y centros comerciales a que, de manera individual y dentro de sus posibilidades, otorgaran descuentos en las rentas a sus arrendatarios.
“La ADI invitó a sus socios con oficinas y centros comerciales a que, dentro de lo posible y de manera individual, otorgaran descuentos en rentas a sus arrendatarios, con la intención de apoyarlos y contribuir a salvaguardar miles de empleos en momentos de mucha incertidumbre”, señaló.
La agrupación sostuvo que mantuvo una actitud de colaboración con las autoridades durante todo el proceso de investigación y proporcionó la información requerida para facilitar las indagatorias.
Asimismo, indicó que tras conocer las observaciones realizadas por la autoridad de competencia en 2020 fortaleció sus mecanismos internos de cumplimiento para prevenir cualquier conducta que pudiera contravenir la legislación en la materia.
Como parte de esas acciones, incorporó una política de competencia económica en todas sus reuniones internas con el objetivo de evitar discusiones o prácticas que representen riesgos para la asociación o sus afiliados.
La ADI no adelantó si emprenderá acciones legales derivadas de la resolución y señaló que continúa revisando sus implicaciones para la organización y sus miembros.
