El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó sus protocolos de fiscalización sobre las operaciones con tarjetas de crédito durante mayo de 2026, y los principales bancos del país ya lo hicieron saber a sus clientes. Banamex, BBVA y Banco Azteca emitieron avisos preventivos dirigidos a sus cuentahabientes en respuesta a los nuevos criterios de vigilancia fiscal establecidos por las autoridades tributarias para este período. El objetivo es detectar inconsistencias entre los ingresos que los contribuyentes declaran y los gastos que efectivamente realizan con sus plásticos. El concepto clave detrás de esta medida es la discrepancia fiscal. Se trata de una situación en la que una persona gasta considerablemente más de lo que reporta ante el fisco en sus declaraciones de impuestos. El ejemplo más común es cuando alguien declara ingresos mínimos o nulos, pero al mismo tiempo registra movimientos importantes en tarjetas de crédito, realiza transferencias de montos elevados o adquiere bienes de alto valor. Cuando los números no cuadran, el SAT tiene la facultad legal de iniciar una revisión para investigar el origen de esos recursos. Usar tarjetas de crédito con frecuencia no es, por sí solo, motivo de sanción. El conflicto surge cuando el contribuyente no puede demostrar de dónde provino el dinero utilizado para cubrir esas compras o deudas. Ante una discrepancia detectada, la autoridad fiscal puede requerir facturas, estados de cuenta y documentación que acredite el origen del capital. Si el contribuyente no logra justificar esa diferencia, se expone a ajustes en su declaración o a sanciones económicas. La recomendación es mantener en orden toda la documentación que respalde los ingresos, es decir, recibos de nómina, contratos de arrendamiento, comprobantes de ventas o cualquier fuente que justifique la capacidad de gasto. Si existe una diferencia entre lo declarado y los movimientos financieros reales, lo más conveniente es regularizar la situación antes de que sea la autoridad quien inicie el proceso de revisión. Actuar de forma preventiva reduce significativamente el riesgo de enfrentar auditorías, multas o recargos por parte del SAT.