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Nuevo fallo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha emitido un fallo que representa un hito en el sistema penal mexicano, al reconocer que las víctimas extranjeras tienen derecho a recibir asistencia consular durante los procesos judiciales.
En este contexto, la decisión de la Suprema Corte fue emitida en los Amparos Directos en Revisión 6627 y 5632, ambos correspondientes al año 2025. Dichos casos fueron resueltos en sesión de Pleno el 25 de marzo de 2026 y surgieron a raíz de un caso de secuestro que tuvo lugar en 2010 en Matamoros, Tamaulipas, donde migrantes fueron privados de su libertad tras ser engañados con la promesa de cruzar a Estados Unidos.
El máximo tribunal estableció que la ausencia de este acompañamiento podría obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas e incluso influir en la validez de las pruebas presentadas en un juicio.
En palabras del Pleno, “las víctimas extranjeras en un proceso penal son titulares del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular”, creando de este modo un nuevo estándar en la interpretación de derechos.
Un fallo histórico que redefine el debido proceso en México
La SCJN manifestó que la falta de asistencia consular no anula de manera automática las declaraciones de las víctimas, no obstante, sí obliga a los jueces a realizar un análisis pormenorizado de cada situación.
“La carencia de asistencia consular repercute de manera directa sobre la víctima, dado que puede enfrentar obstáculos que dificulten su acceso a la justicia”, advirtió la Corte en su resolución.
Es importante señalar también que la Suprema Corte indicó que esta omisión puede influir en el debido proceso de las personas acusadas si se compromete la veracidad de los testimonios. Esto crea la posibilidad de que sentencias anteriores sean revisadas cuando existan dudas sobre el modo en que se obtuvieron las declaraciones.
Nuevos criterios para jueces en todo México: justicia para víctimas extranjeras
Como parte de la sentencia, la Suprema Corte definió una serie de elementos que las autoridades deberán considerar, tales como las condiciones en las que se realizaron las declaraciones, la presencia de barreras lingüísticas o la carencia de asesoría jurídica. “Las autoridades deben evaluar si dicha omisión tuvo un impacto sustancial en la obtención de la prueba”, precisó el Pleno.
En este contexto, SCJN anuló las sentencias cuestionadas y dispuso la emisión de una nueva resolución que contemple un análisis particular del caso. Este precedente podría generar repercusiones relevantes en el sistema judicial mexicano, especialmente en procedimientos que incluyan a personas migrantes o extranjeras.
