

La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió nuevas reglas clave para quienes busquen indemnización por daños médicos o negligencia administrativa del IMSS, de esta forma, el fallo contempaldo en los Amparos en Revisión 15 y 75, ambos de 2026. Resueltos en sesión de Pleno el 29 de abril de 2026, son el primer paso será reclamar directamente ante la institución señalada, bajo un esquema que promete equilibrio legal y acceso a justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los artículos 18 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, confirmando que las reclamaciones por daños causados por instituciones públicas deben presentarse primero ante la propia autoridad presuntamente responsable.

El fallo surgió tras dos casos vinculados con personas que exigían indemnización por afectaciones derivadas de atención médica en hospitales del IMSS.
La Corte sostuvo que este procedimiento no vulnera derechos, pues existen mecanismos legales suficientes para garantizar imparcialidad.
SCJN avala que el Estado revise primero las reclamaciones en su contra
El Pleno concluyó que este modelo cumple con el principio de imparcialidad gracias a herramientas como “impedimentos, excusas y recusaciones”, diseñadas para evitar conflictos de interés durante la revisión inicial de cada caso.
Determinó que existe una “carga de la prueba equilibrada”: la persona afectada debe demostrar el daño y su relación con la actuación oficial, mientras el Estado deberá probar que actuó legalmente.

Demandas podrán impugnarse y llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa
La Suprema Corte precisó que cualquier resolución emitida por la autoridad responsable podrá ser combatida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, garantizando revisión externa y evitando que las personas queden en estado de indefensión.
Con esta resolución, la Suprema Corte aseguró que el sistema ofrece “reglas claras, equilibrio procesal y mecanismos de revisión suficientes”, fortaleciendo el acceso a indemnización cuando exista actividad administrativa irregular, incluida la atención médica deficiente.















