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México planea lanzar un satélite geoespacial de telecomunicaciones para principios de 2030, con el fin de que su próxima infraestructura satelital tenga un alcance mayor al de proporcionar internet en comunidades alejadas. El Gobierno federal plantea utilizar estos recursos también para extender redes celulares, conectar escuelas y hospitales y respaldar servicios como telemedicina, protección civil e Internet de las cosas.
El Programa Espacial Mexicano 2026-2030 contempla la adquisición de un nuevo satélite de banda ancha, que posteriormente sería integrado con las redes terrestres del Gobierno.
La infraestructura también podría funcionar como respaldo para redes 5G en localidades con baja densidad poblacional, además de servir como enlace para sensores y otros dispositivos conectados.
La intención no es reemplazar las redes terrestres, sino complementar su cobertura en zonas donde factores como la dispersión de la población, la geografía o los costos de infraestructura dificultan la instalación de fibra óptica o redes móviles.
2030: la meta de México para aumentar la conectividad rural
Dentro de sus objetivos para 2030, el Gobierno plantea elevar de 68.5% a 90% la proporción de población rural que utiliza internet.
La meta implica un aumento de 21.5% respecto del indicador registrado en 2024. Al mismo tiempo, más de 20 millones de personas mayores de seis años permanecen desconectadas en el país.
Por ello, el aumento de la capacidad satelital estatal de 641.6 a 864 MHz no sería suficiente por sí solo para alcanzar los objetivos de conectividad.
Además de la capacidad de transmisión, será necesario contar con terminales, instalación, mantenimiento, suministro eléctrico y esquemas que permitan a los usuarios cubrir el costo del servicio.
El nuevo satélite aún no tiene costo ni modelo operativo definidos
Aunque el Gobierno ya estableció algunos de los usos que pretende darle a la nueva infraestructura espacial, todavía existen aspectos importantes por definir.
El Programa Espacial Mexicano 2026-2030 no establece por ahora el costo definitivo del nuevo satélite, el calendario para su contratación, la órbita en la que operaría ni el modelo mediante el cual sería administrado.
Tampoco precisa qué porcentaje de la meta de alcanzar 90% de conectividad entre la población rural dependería directamente de la infraestructura satelital.
Otro punto pendiente es determinar qué parte de la infraestructura será desarrollada directamente por el Estado y cuál podría ser proporcionada mediante operadores privados.
La política satelital federal ya contemplaba desde 2023 la evaluación de distintas alternativas de financiamiento y modelos de negocio para desarrollar nuevas generaciones de satélites y terminales.
De esta manera, el reto para México no se limita a aumentar su capacidad desde el espacio, sino a convertir esa infraestructura en conexiones efectivas para las comunidades que todavía enfrentan mayores dificultades para acceder a Internet.