Una medida del Gobierno de Estados Unidos que entró en vigencia el pasado 1 de marzo mantiene en alerta a todos los extranjeros con Green Card que sean emprendedores, ya que podrían verse impactados en el acceso al financiamiento. Las condiciones para solicitar ciertos préstamos federales se han modificado, un accionar que ya genera repercusiones en el sector de pequeñas empresas. La decisión forma parte de un endurecimiento progresivo de requisitos que comenzó meses atrás. El ajuste redefine quiénes pueden acceder a estos créditos y establece nuevas condiciones sobre la propiedad y residencia de los solicitantes. El cambio que impulsó la Administración de Donald Trump afecta a uno de los programas más utilizados por emprendedores y negocios en crecimiento. Aunque el financiamiento continuará disponible, las nuevas reglas limitan el acceso a un grupo específico, lo que provoca a más de un mes de su entrada en vigor cuestionamientos desde distintos sectores políticos y empresariales. Desde el pasado 1 de marzo, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) mantiene vigente una medida a partir de la cual los residentes permanentes en Estados Unidos —titulares de “green card”— dejan de calificar para los préstamos federales conocidos como 7(a). Estos créditos permiten financiar capital de trabajo, expansión de negocios y otras necesidades empresariales, con montos de hasta 5 millones de dólares. El criterio establece que solo podrán acceder empresas cuya propiedad sea completamente estadounidense y cuyos dueños residan dentro del país. Con esta medida, se elimina la posibilidad que antes tenían algunos residentes permanentes de solicitar el financiamiento, aun cuando contaban con participación legal en sus negocios. La restricción se suma a cambios aplicados en diciembre, cuando se limitó la elegibilidad a compañías con un máximo de 5% de propiedad extranjera, incluyendo titulares de “green card” o ciudadanos estadounidenses que residieran fuera del territorio nacional. Antes de estas modificaciones, las pequeñas empresas podían calificar al programa 7(a) si al menos el 51% pertenecía a un ciudadano estadounidense residente en el país. El esquema elimina esa flexibilidad y endurece los requisitos de ciudadanía y residencia. La medida generó en su momento críticas de legisladores demócratas, entre ellos el senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, integrantes de los comités de Pequeñas Empresas en el Congreso. Ambos cuestionaron el impacto de la decisión sobre inmigrantes legales que buscan iniciar o expandir sus negocios. Markey indicó semanas atrás que desde septiembre ha recibido reportes de prestamistas sobre dificultades vinculadas a la verificación de ciudadanía. Además, legisladores del Senado enviaron en diciembre una carta a la SBA expresando preocupación por la caída en el volumen de préstamos y por los requisitos más estrictos, sin haber recibido respuesta oficial.