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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó su compromiso con la protección de las personas de la diversidad sexual al impulsar nuevos criterios jurisdiccionales orientados a garantizar la igualdad sustantiva y combatir la discriminación.
Durante un conversatorio sobre diversidad sexo-genérica, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que es indispensable “construir nuevas metodologías y jurisprudencias con la participación directa de quienes viven la diversidad”.
El mensaje del máximo tribunal apunta a una ampliación de las garantías para la comunidad LGBT+, especialmente en ámbitos relacionados con la identidad de género, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso pleno a derechos.
La ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que la Suprema Corte ha construido estándares sobre “el reconocimiento de orientación sexual y de identidad de género; el libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana; y la obligación de juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género”.
Los nuevos criterios que impulsa la Suprema Corte
La SCJN inauguró el conversatorio “Criterios jurisdiccionales por la diversidad sexo-genérica” con el objetivo de difundir los derechos de las personas LGBT+ y acercar a la sociedad los avances logrados mediante las sentencias del Alto Tribunal.
Durante el encuentro, ministras, ministros, especialistas y activistas coincidieron en que la construcción de nuevos criterios judiciales permitirá fortalecer la protección de sectores históricamente discriminados y garantizar que los derechos reconocidos en la Constitución puedan ejercerse de manera efectiva.
Entre los temas que la Corte destacó como parte de sus criterios jurisdiccionales se encuentran:
- El reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género.
- El derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- La protección de la dignidad humana.
- La obligación de juzgar con perspectiva de diversidad sexual y de género.
- El acceso a la rectificación de actas de nacimiento.
- La protección de la identidad de niñas, niños y adolescentes.
- La garantía de igualdad y no discriminación para todas las personas.
¿Cómo podrían cambiar los derechos y la vida de la comunidad LGBT+?
Los criterios impulsados por la Suprema Corte pueden traducirse en una mayor protección frente a actos de discriminación en espacios laborales, educativos, de salud y dentro de las instituciones públicas. Al consolidarse como referencias obligadas para los tribunales, estos estándares facilitan que las personas LGBT+ encuentren respaldo jurídico cuando sus derechos sean vulnerados.
También fortalecen el reconocimiento legal de la identidad de género y la orientación sexual como aspectos inherentes a la persona.
La Corte recordó que estos elementos están vinculados al libre desarrollo de la personalidad, por lo que no pueden ser modificados o restringidos por la voluntad de terceros ni por prejuicios sociales.
En términos prácticos, esto puede favorecer resoluciones judiciales más protectoras en casos relacionados con identidad de género, acceso a servicios, derechos familiares, adopción, seguridad social y combate a la discriminación. La intención expresada por las y los integrantes del máximo tribunal es que la igualdad deje de ser únicamente un principio escrito y se convierta en una realidad cotidiana para la comunidad LGBT+.
¿En qué se basó la SCJN para impulsar estos nuevos criterios de protección?
La Suprema Corte sustentó esta línea de actuación en los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y no discriminación.
Asimismo, retomó criterios construidos a lo largo de años de resoluciones relacionadas con orientación sexual, identidad de género, derechos familiares y reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas de la diversidad sexo-genérica.
Durante el conversatorio, las ministras y ministros destacaron que la función jurisdiccional debe responder a las transformaciones sociales y garantizar que ninguna orientación sexual o identidad de género sea considerada una amenaza o un riesgo social. Bajo esa visión, la Suprema Corte busca seguir consolidando una jurisprudencia que permita ampliar la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBT+ y garantizar su ejercicio pleno en igualdad de condiciones con el resto de la población.
