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Un reciente criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito establece un cambio relevante en la forma en que se interpreta la responsabilidad médica en hospitales privados en México, especialmente en lo relativo a la vigilancia posquirúrgica y el alta de pacientes.
De acuerdo con la resolución, la obligación de supervisión médica no termina con la cirugía, sino que puede extenderse hasta 72 horas después de la intervención, en los casos donde existan riesgos clínicos o necesidad de seguimiento.
El fallo también advierte que los hospitales privados podrían enfrentar sanciones legales, indemnizaciones e incluso responsabilidades administrativas, en situaciones donde se otorgue el alta sin la debida supervisión del paciente.
Alta médica y vigilancia posoperatoria: qué cambia con el nuevo criterio de la Suprema Corte
El tribunal determinó que la práctica de dar de alta a pacientes sin monitoreo adecuado puede constituir negligencia médica.
Entre los supuestos que pueden generar responsabilidad se incluyen:
- Altas médicas sin supervisión suficiente del estado del paciente
- Falta de monitoreo durante la recuperación posoperatoria
- Omisión en el seguimiento de síntomas detectados antes del egreso hospitalario
Este nuevo enfoque representa un cambio importante respecto a criterios previos, donde muchos hospitales consideraban que su responsabilidad terminaba en el momento del alta médica.
Hospitales también responden por médicos externos
Otro punto clave del fallo es que los hospitales privados no pueden deslindarse automáticamente de médicos externos que utilicen sus instalaciones.
El tribunal establece que, si un paciente acude a un hospital y deposita su confianza en sus servicios, la institución puede ser considerada responsable incluso si el profesional involucrado no forma parte de su plantilla.
Esto significa que errores u omisiones cometidos por médicos externos dentro del hospital podrían generar responsabilidad compartida de la institución médica.
El objetivo del criterio es evitar vacíos legales que, en la práctica, dificultaban que las víctimas de negligencia médica obtuvieran una indemnización.