El Servicio Militar Nacional (SMN), bajo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), implementó en 2026 un sistema de adiestramiento intensivo que reduce el cumplimiento presencial a trece sesiones sabatinas consecutivas.
La modernización busca armonizar el deber cívico con la vida académica y laboral de los jóvenes, sin alterar su carácter obligatorio.
La base legal está en el artículo 5 constitucional y en la Ley del Servicio Militar, que define el servicio de las armas como una responsabilidad pública, obligatoria y personal. La Sedena coordina y certifica el cumplimiento en todo el país y en el extranjero mediante la red consular.
Cómo cumplir con el Servicio Militar Obligatorio
Los remisos deben regularizar su situación antes de los 40 años. Las mujeres pueden inscribirse voluntariamente entre los 18 a 39 años y reciben la misma certificación que los varones.
Desde 2026, el adiestramiento presencial se realiza en trece sesiones sabatinas de seis horas, distribuidas en dos escalones anuales de tres meses. El proceso consta de cinco fases:
- alistamiento
- sorteo de modalidad
- reclutamiento
- adiestramiento
- liberación de la cartilla.
Los contenidos incluyen orden cerrado, educación física, legislación militar, ética, protección civil y valores cívicos. Si el documento no se reclama a tiempo, la Sedena lo destruye a partir del 1 de julio del año siguiente.
Sujetos obligados y excepciones
La obligación alcanza a varones que cumplen 18 años y a remisos menores de 40, en México o en el extranjero. Quienes viven fuera del país aplican a la modalidad “a disponibilidad”, exentos de instrucción física pero con compromiso documental.
Las excepciones incluyen mayores de 40 años, personas con incapacidad acreditada, ciudadanos con doble nacionalidad, ministros religiosos y objetores de conciencia, cada caso revisado individualmente.
El registro requiere: acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y constancia de estudios.
No tener la cartilla liberada no impide viajar, obtener pasaporte, recibir títulos universitarios ni tramitar cédulas profesionales o licencias comerciales. Las consecuencias se limitan a tres ámbitos: imposibilidad de acceder a empleos gubernamentales, restricción para ingresar a fuerzas armadas o cuerpos de seguridad, e impedimento para tramitar permisos de armas de fuego.
