La Ciudad de México está a punto de transformar de fondo el mercado de alquiler. Con una reforma constitucional como base, el Gobierno de la CDMX busca poner orden en un sistema históricamente marcado por la informalidad, abusos en precios y falta de certeza jurídica con una reforma constitucional a la Ley de Alquieres. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dejó claro que el objetivo central es facilitar el acceso a la vivienda sin afectar la propiedad privada. La nueva Ley de Rentas Justas apunta a que millones de personas puedan rentar con reglas claras, precios razonables y mecanismos de defensa efectivos. En palabras de la mandataria, se trata de construir “una relación de nuevo tipo, con certezas mutuas”, donde tanto arrendadores como arrendatarios tengan derechos y obligaciones bien definidos. La propuesta del Gobierno de CDMX ya genera expectativa por su alcance social y económico. La reforma constitucional presentada establece las bases de lo que será la nueva Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles. Se trata de cuatro pilares que buscan cambiar de raíz el acceso a la vivienda en la capital. Tope a los aumentos de renta: Se establecerá que los precios de alquiler no puedan subir por encima de la inflación. “Que no puedan subir por encima de la inflación… es la primera garantía para evitar abusos”, explicó Brugada. Más vivienda accesible: El Gobierno estará obligado a aumentar la oferta de vivienda social y asequible, priorizando a jóvenes y sectores vulnerables. Defensoría inquilinaria: Se creará una institución pública que defenderá derechos de arrendadores e inquilinos, con asesoría legal gratuita. Derecho al arraigo comunitario: Se reconocerá constitucionalmente el derecho a permanecer en las comunidades, como medida contra la gentrificación. Estos cambios, según el Gobierno de Brugada, no solo buscan regular precios, sino transformar el acceso a la vivienda como un derecho efectivo. Uno de los temas más polémicos ha sido la crítica de sectores opositores que aseguran que la iniciativa vulnera la propiedad privada. La jefa de Gobierno fue tajante al rechazar esa versión. La propuesta, explicó, busca formalizar el mercado de alquiler, donde actualmente existe un alto nivel de informalidad que perjudica tanto a quienes rentan como a quienes ofrecen vivienda. El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes, reforzó esta idea al señalar que la reforma permitirá construir un sistema más equilibrado: “Es una medida en favor de otorgar mayor certidumbre, estabilidad y beneficios mutuos”. Una de las principales preocupaciones ciudadanas es que los propietarios eviten la regulación cambiando de inquilino para subir precios. El gobierno aseguró que esto ya está contemplado en la propuesta. Brugada adelantó que habrá mecanismos específicos para impedir estas prácticas: Se implementará un registro obligatorio de contratos de arrendamiento. Si el propietario no lo realiza, el inquilino podrá hacerlo, garantizando así mayor transparencia. La reforma no se limita al control de rentas. Incluye una estrategia más amplia para enfrentar problemas estructurales como la gentrificación y la expulsión de habitantes. Actualmente, entre 20 mil y 30 mil familias al año han tenido que salir de la ciudad por el aumento de precios. Ante esto, el gobierno plantea medidas como: Adicional, el Gobierno de la CDMX indicó que se impulsará una política integral que combine inversión pública y privada, con el objetivo de generar más oferta y estabilizar el mercado. La nueva Ley de Alquieres o Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles promete convertirse en uno de los cambios más profundos en materia de vivienda en la Ciudad de México, con impacto directo en millones de personas que hoy enfrentan dificultades para rentar.