Una fiscalía de los Estados Unidos vinculó al presidente de Honduras al narcotráfico

La Justicia de Nueva York investiga el caso de un presunto narco hondureño al que lo acusan de operar un cartel con la complicidad del la policía, el Ejército y la cúpula política hondureña.

La Justicia de Nueva York investiga el caso de un presunto narcotraficante, Geovanny Fuentes Ramírez, en el que estaría implicado el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y a otras cuatro autoridades de alto rango.

En su alegato inicial, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York dijo que Fuentes Ramírez, operó un negocio de distribución de cocaína gracias a sus conexiones con la policía hondureña, el Ejército y "el actual presidente de Honduras".

Además, los fiscales afirmaron que "el acusado fue una parte fundamental de un narcoestado hondureño" y adelantaron que durante el juicio presentará pruebas de reuniones secretas que el presunto narco habría tenido con Hernández entre 2013 y 2014, según citó el diario La Prensa.

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Fuentes Ramírez fue arrestado cuando intentaba salir de Miami en 2020 y se ha declarado "no culpable" del cargo de conspirar para contrabandear cocaína hacia Estados Unidos y cargos relativos a armas.

Las referencias a Hernández aparecen frecuentemente en los documentos presentados contra Fuentes Ramírez, así como en un caso sobre narcotráfico contra el hermano del presidente, Tony, quien fue hallado culpable de tráfico de drogas y otros cargos relacionados a armas en octubre de 2019.

En ese juicio, los fiscales estadounidenses dijeron que Hernández aceptó millones de dólares en sobornos de narcotraficantes. El presidente ha rechazado reiteradamente las acusaciones.

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En una publicación en Twitter en ese entonces, Hernández dijo que el veredicto se "basó en testimonios de asesinos confesos", refiriéndose a exnarcotraficantes que cooperaron con las autoridades estadounidenses en el juicio. En comentarios a medios hondureños, Hernández ha negado cualquier ilícito.

En los documentos del caso de Fuentes, los fiscales federales acusaron a Hernández, quien ha sido presidente desde 2014, de utilizar a las fuerzas de la ley hondureñas y a oficiales del Ejército para proteger a los narcotraficantes

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