El Gobierno Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmaron el congelamiento de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros siete funcionarios ligados a su administración, aunque aclararon que la acción correspondió a una “acción preventiva”. Las acciones respondieron a reportes emitidos por bancos mexicanos, que derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, una situación que obliga a los bancos mexicanos a emitir alertamientos respecto a los clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo. Los bancos están obligados a realizar estas acciones debido a que mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos. Las personas cuyas cuentas fueron congeladas fueron publicadas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Como consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inmovilizó de forma preventiva las cuentas correspondientes, “con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”. Sin embargo, tanto la UIF como la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraron que no se trata de una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidades para las personas cuyas cuentas fueron bloqueadas, sino de acciones preventivas de carácter administrativo. “La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, detallaron. Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes. El Gobierno de Donald Trump acusó a distintos funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluído Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, lo que ha derivado en distintas acciones, que este fin de semana desembocaron en el congelamiento de cuentas de ocho personas de este círculo. Durante el fin de semana, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses el viernes 15 de mayo, en la garita de Nogales. El exfuncionario, quien forma parte de la lista de personas cuyas cuentas fueron congeladas, se declaró no culpable ante la Corte de Nueva York. Además, Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, fue detenido en un consulado de Estados Unidos en Europa y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar los cargos en su contra.