Crisis institucional

Perú declaró el estado de emergencia en todo el país y ya se planean elecciones para 2023

La violencia crece en las calles de todo el país sudamericano y el gobierno toma medidas para contener las protestas de los distintos sectores

El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en todo el país para intentar contener las protestas multitudinarias que derivaron en represiones policiales y una ola de violencia luego de que asumiera la presidencia Dina Boluarte en lugar del destituido Pedro Castillo.

La movida del expresidente con la que quiso remover el congreso peruano trajo una nueva crisis institucional en el país sudamericano que pasa de mandatario en mandatario desde hace cinco años sin encontrar que ninguno de ellos termine su período presidencial.

El estado de emergencia permite abolir derechos de los ciudadanos y además lanzar a los militares a la calle para reprimir las protestas sociales que surgieron en todo el país tras la asunción de Boluarte y las cuales el congresista Jorge Montoya llamó "terroristas" y a la situación del país como "una guerra".

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La represión ya se cobró más de ocho muertos entre los que hay menores y decenas de heridos tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas de seguridad que ahora estarán acompañadas por el ejército luego de la declaración de la emergencia. 

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Los derechos que quedan suprimidos tras esta medida:

  • Derecho de reunión
  • Inviolabilidad de domicilio
  • Libertad de transito
  • Libertad de seguridad personales

Además, el gobierno que ahora comanda Boluarte tras la aprobación de la vacancia de Castillo, busca determinar una fecha de elecciones que calme los ánimos en la sociedad.

En primera instancia buscaba completar el mandato hasta 2026, pero luego ya se redujo hasta 2024, fecha mínima en que la ley permitía un nuevo llamado a elecciones en el país.

Perú declaró el estado de emergencia en todo el país y ya se planean elecciones para 2023

Ahora la propia presidenta confirmó que se busca fijar la fecha en diciembre del 2023 para que se renueven las autoridades del país, un plazo más corto que busca bajar la tensión en los partidarios de Castillo, que permanece preso.

Un juzgado supremo de Perú inició este miércoles la evaluación de un pedido de la fiscalía de imponer "prisión preventiva" para Castillo por 18 meses, mientras su arresto preliminar en una base policial se debería cumplir en las próximas horas.

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