Bitcoin arrastra a El Salvador: las reservas de criptos cayeron 28% mientras Bukele 'compra la caída'

La estrategia de bitcoin del presidente Nayib Bukele se está volviendo costosa para El Salvador, que tiene problemas de liquidez, pero eso no le impide aumentar sus reservas.

Bukele ha comprado 2301 bitcoins para el gobierno desde que los hizo de curso legal en septiembre pasado, según sus anuncios en Twitter. Eso incluye una compra de 500 monedas ayer cuando su precio se desplomó por debajo de los u$s 31.000, extendiendo una salvaje venta de seis meses. Esas criptomonedas valen hoy u$s 74 millones. Eso es un 28% menos que los u$s 103 millones que Bukele pagó por ellos, según cálculos de Bloomberg.

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Bukele ha demostrado ser un verdadero creyente en las criptomonedas, ganando la atención y los admiradores de todo el mundo, y dice que negocia las reservas de monedas del país desde su celular. Bukele ha dicho que seguirá adelante con sus planes de emitir un bono blockchain de u$s 1000 millones para financiar la construcción de Bitcoin City, una jurisdicción libre de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital que espera crear en la costa del país.

Bukele tuiteó el lunes imágenes de una maqueta de la ciudad proyectada, que incluye un aeropuerto internacional. Utilizaría la energía geotérmica de un volcán cercano.

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El gobierno de El Salvador no publica datos sobre sus posesiones de bitcoin, y las actividades de un fondo de u$s 150 millones para respaldar las conversiones de bitcoin en el banco estatal Bandesal se han considerado confidenciales. El banco central declaró que la información sobre las remesas enviadas a través de la billetera Bitcoin del gobierno, Chivo, es un secreto de Estado.

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Los bonos soberanos en dólares se han desplomado un 24% este año, siendo uno de los de peor rendimiento en el índice de bonos de mercados emergentes de JPMorgan, a medida que aumenta la preocupación de que el gobierno no pueda devolver u$s 800 millones en pagarés que vencen en enero. Moody's recortó la semana pasada la calificación crediticia del gobierno a Caa3, citando un mayor riesgo de default.