Ordenar el patrimonio antes de una sucesión y los pasos que los abogados recomiendan dar en vida

En la Argentina, la transmisión de bienes familiares puede resolverse a través de dos vías legales diferenciadas: mediante actos jurídicos realizados en vida por el titular o a través del proceso judicial sucesorio que se inicia tras su fallecimiento.

Ante los plazos, costos y trámites que caracterizan a las sucesiones, la organización anticipada del patrimonio permite estructurar la distribución de los activos con mayor previsibilidad, proteger al titular mientras vive y asegurar que la transferencia respete las porciones legítimas de los herederos sin generar futuros conflictos legales.

En ese contexto, los asesores legales recomiendan evaluar con antelación las herramientas disponibles, determinar cómo proteger al titular mientras viva y garantizar la validez jurídica de la transmisión para evitar impugnaciones o costosos litigios futuros. Veámoslo en detalle.

Donación en vida: qué es y cómo ayuda a ordenar el patrimonio

La donación en vida aparece como una de las alternativas más consultadas dentro de la planificación patrimonial porque permite adelantar la transferencia de determinados bienes sin esperar al momento de la sucesión.

En la práctica, esta opción puede ser útil para quienes desean que un hijo, un familiar u otro beneficiario reciba un inmueble u otro activo antes del fallecimiento del titular, con una estructura jurídica que deje todo documentado desde el inicio.

Su uso también se vincula con una idea cada vez más extendida entre quienes asesoran patrimonios familiares, que es la de reducir la incertidumbre futura. Cuando el bien ya fue transferido en vida y quedó correctamente instrumentado, se acota el margen de discusión sobre su destino posterior.

Aun así, no se trata de una solución automática ni universal, porque exige revisar la situación familiar, el valor de los bienes, la existencia de herederos forzosos y las consecuencias legales y fiscales de cada decisión.

Cómo funciona en la práctica

Para el caso de los bienes inmuebles, la ley argentina exige bajo pena de nulidad la instrumentación mediante escritura pública ante escribano. No tienen validez jurídica los acuerdos privados ni las declaraciones de voluntad informales. Asimismo, la transferencia exige la aceptación expresa del donatario en vida del donante para quedar jurídicamente perfeccionada.

Un aspecto central de este mecanismo es que la donación es irreversible. Una vez otorgada y aceptada, el bien sale de manera definitiva del patrimonio del donante, salvo por causales de revocación excepcionales y taxativamente previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación, como el incumplimiento de cargos o la ingratitud del donatario.

Donación: la reserva de usufructo como resguardo

Para evitar la desprotección del donante, la práctica jurídica recurre habitualmente a la donación con reserva de usufructo vitalicio. Mediante esta modalidad, el donante transmite la “nuda propiedad” (la titularidad del inmueble) al beneficiario, pero conserva para sí el derecho de uso, goce y percepción de eventuales rentas del bien hasta su fallecimiento.

Este desdoblamiento del dominio permite que el titular original continúe habitando o administrando la propiedad sin perder el control sobre su uso. Al producirse su fallecimiento, el usufructo se extingue automáticamente, consolidando el dominio pleno en cabeza del donatario mediante un trámite de inscripción registral que prescinde de la apertura de un juicio sucesorio por ese bien.

Qué ahorro puede generar

Una de las razones por las que la donación en vida gana terreno es el costo. Aunque la escritura implica gastos de escribanía, sellados y honorarios, la comparación con una sucesión suele inclinar la balanza a favor de la transferencia anticipada.

En un proceso judicial, además de los honorarios profesionales, pueden aparecer tasas, costos de inscripción y otros gastos asociados a la intervención de auxiliares de la justicia.

El diferencial también está en los tiempos. Una donación bien instrumentada puede dejar resuelto el traspaso de un bien en un plazo mucho más corto que una sucesión, que muchas veces se extiende por meses o años.

Por eso, cuando el objetivo es ordenar el patrimonio y minimizar la carga burocrática, los abogados suelen sugerir anticiparse y no esperar al momento en que la herencia ya debe discutirse en sede judicial.

Ordenar el patrimonio: los pasos que recomiendan los abogados y los desafíos del proceso judicial

Al contrario de la donación, cuando la planificación patrimonial en vida no se concreta, la transmisión de bienes queda supeditada al proceso judicial. Esta instancia suele presentar complejidades operativas y logísticas que ralentizan el trámite y que exigen el cumplimiento de requisitos específicos.

Complicaciones y demoras en la documentación obligatoria

Reunir la documentación para iniciar la sucesión suele presentar dificultades logísticas que no siempre son previsibles al comienzo. Incluso si los herederos conservan los documentos físicos familiares, la justicia exige estrictos requisitos de validación:

• Partidas actualizadas de expedición reciente: Las partidas de nacimiento, matrimonio o defunción archivadas en el ámbito familiar no suelen ser suficientes para el Poder Judicial. Es obligatorio solicitar ejemplares de expedición reciente al Registro Civil al momento de iniciar el proceso. El fin de esta exigencia es constatar de forma fehaciente que el estado civil del fallecido o el vínculo de los herederos no haya sufrido modificaciones legales que no estén asentadas en documentos antiguos (como un divorcio posterior al matrimonio que solo consta en el acta del libro original).
• Búsqueda en registros históricos físicos: Cuando los nacimientos, matrimonios o defunciones ocurrieron hace varias décadas, la información suele no estar digitalizada. El personal del Registro de las Personas debe localizar manualmente el tomo físico y el acta correspondiente. Si el documento original presenta deterioros por el paso del tiempo o la caligrafía es ilegible, los plazos administrativos de respuesta se extienden significativamente.
• Trámites interjurisdiccionales: Si el fallecido nació, contrajo matrimonio o falleció en una provincia diferente a la de su último domicilio (que determina la competencia del juez de la sucesión), los herederos deben tramitar las partidas ante administraciones provinciales ajenas, sujetas a diferentes sistemas de solicitud, tiempos de demora y aranceles de tasas públicas.

Inaccesibilidad a títulos y activos financieros

Existen ciertos documentos y datos patrimoniales indispensables para la causa que los herederos no pueden obtener por su cuenta de forma directa:

• Segundo testimonio de escritura de inmuebles: Si el título de propiedad original del inmueble se encuentra extraviado, los familiares no pueden solicitar un duplicado de manera directa. Obtener un segundo testimonio con validez legal requiere la intervención de un escribano con acceso al protocolo notarial o una orden emitida por el juez del sucesorio dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble.
• Información y saldos bancarios: Las entidades financieras tienen prohibido por ley suministrar información sobre saldos de cuentas, plazos fijos o movimientos de fondos a los familiares del titular fallecido. Esta información solo se destraba mediante un oficio judicial emitido en el marco de la sucesión, lo que impide conocer con exactitud la composición líquida del patrimonio durante las primeras etapas del proceso.
• Certificaciones parcelarias obligatorias: En jurisdicciones como la Provincia de Buenos Aires, antes de proceder a la inscripción de la declaratoria de herederos sobre un inmueble, la ley exige la contratación de un agrimensor matriculado para realizar la mensura y constitución del estado parcelario. Este requisito técnico y su correspondiente costo suelen omitirse en la estimación inicial de la sucesión y son indispensables para que el juez autorice la inscripción del bien.

Identificación pormenorizada del inventario patrimonial

Para garantizar la validez del proceso y evitar reaperturas posteriores del expediente judicial, es necesario realizar un relevamiento minucioso de la totalidad de los bienes dejados por el causante. Este inventario no se limita a inmuebles y vehículos registrados, sino que debe comprender activos financieros menos visibles:

• Cuentas bancarias de cualquier tipo, plazos fijos y cajas de seguridad.
• Acciones societarias, fondos comunes de inversión, títulos públicos y participaciones activas en empresas familiares o comerciales.

La falta de identificación de un solo activo obliga a los herederos a reabrir la causa judicial en el futuro para incorporar los bienes omitidos, lo que multiplica los costos en concepto de tasas de justicia y nuevos honorarios profesionales.

Conflictos familiares en la comunidad hereditaria

Desde el fallecimiento del titular hasta la adjudicación definitiva de los bienes a cada heredero por parte del juez, se constituye de forma automática lo que el derecho denomina comunidad hereditaria. En esta etapa transitoria, todos los coherederos son copropietarios de la universalidad de los bienes, un escenario crítico donde la falta de acuerdo puede paralizar la administración del patrimonio:

Disputas por gastos y uso exclusivo

Son habituales las divergencias en torno a qué heredero debe hacerse cargo del pago de impuestos, tasas y expensas de los inmuebles.

Asimismo, si uno de los coherederos ejerce el uso exclusivo de una propiedad de la herencia, los restantes tienen el derecho legal de exigir el pago de un canon locativo proporcional, situación que suele deteriorar las relaciones familiares y bloquear la continuidad del trámite judicial.

Soluciones legales frente a la parálisis

Para evitar que las diferencias familiares deprecien el valor de los bienes, el marco legal argentino ofrece herramientas de resolución.

Ante la ausencia de unanimidad, el Código Civil y Comercial de la Nación faculta a los interesados a solicitar judicialmente la designación de un administrador (que puede ser uno de los herederos o un tercero) o a proceder con la partición de los bienes mediante aprobación por mayoría de votos en determinados supuestos, resguardando así la integridad del patrimonio familiar frente al conflicto.