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La detención del ex presidente de ARSAT y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) Facundo Leal fue producto de una investigación de un robo común, que derivó en un caso de mayores proporciones.
El ex funcionario es investigado junto a la denominada “banda de los mendocinos” por presunto pago de coimas, defraudación al Estado, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública; y, además, tenencia de drogas.
La causa judicial, en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, se originó en la investigación del saqueo de un depósito de ARSAT en San Fernando, donde se guardaban insumos estratégicos de la Red Federal de Fibra Óptica.
Los mendocinos tienen en común su vínculo con ARSAT y, en particular, un importante crecimiento en la función pública entre 2025 y 2026. Dicho grupo se compone actualmente de algunos imputados y otras figuras no implicadas en la causa hasta el momento.
Según informaciones periodísticas, los implicados se encuentran dentro de ARSAT desde hace unos 20 años, incluyendo a Leal, Gerardo Boschin, exgerente de compras y expresidente de Trenes Argentinos durante la gestión libertaria; Juan Andrés Navarro, exsubgerente de Administración y Finanzas, y Pablo Gastón Pagani, exgerente de Finanzas.
Leonardo Comperatore, exministro de Seguridad mendocino, exgerente de Relaciones Institucionales de la empresa y presidente de Trenes Argentinos Infraestructura durante la gestión de Javier Milei es otro miembro del grupo junto a Santiago Trezza Silva, abogado que desempeñó múltiples roles en ARSAT, y Octavio Falasco, vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), empresa de la compañía para el testing de satélites en Bariloche.
Varios de los mencionados lograron quedarse con puestos dentro del poder durante la gestión de Milei, un ejemplo es Leal al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), aunque luego renunciaron a la par del mendocino Luis Pierrini, quien fue invitado a retirarse de la Secretaría de Transporte en enero de este año.
Ante trascendidos periodísticos, el empresario Daniel Vila desmintió cualquier vínculo con Facundo Leal y el grupo de los mendocinos, remarcando que solo conoce a Pierrini, presidente de la compañía Triunfo Seguros.
Consultado por El Cronista, Vila fue categórico: “A estos tipos no los conozco ni los he visto nunca en mi vida”.
La Causa
El caso comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de alto valor en un depósito de San Fernando y escaló para revelar un esquema de posibles direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas que involucra a una decena de personas y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS).
Al hacer la pesquisa sobre el robo ocurrido a principios de 2024, la Justicia descubrió que el cerco eléctrico estaba cortado y las cámaras de seguridad del predio no funcionaban.
Las sospechas se dirigieron inmediatamente hacia la empresa de logística contratada para custodiar y administrar esos materiales. Al auditar el contrato otorgado en 2022, la Procuración de Investigaciones Administrativas descubrió que la licitación había sido una simulación: las tres empresas que compitieron pertenecían a la misma estructura familiar y societaria. Los contratos y prórrogas —que superaron los 1,9 millones de dólares— fueron firmados de manera directa por Leal y otros dos gerentes, salteándose al directorio de ARSAT.
Detrás de estas contrataciones irregulares opera el grupo denominado como “la banda de los mendocinos”. Se trata de un entramado de funcionarios y empresarios oriundos de Mendoza que, según los peritajes tecnológicos y las investigaciones de la periodista Camila Dolabjian de La Nación, coparon áreas clave de ARSAT y habrían montado un aceitado circuito de coimas y retornos.
En los teléfonos secuestrados a los contratistas se encontraron mensajes explícitos que documentaban las transferencias de dinero y el cobro de “peajes” hacia los funcionarios implicados. Por este motivo, la fiscalía ya solicitó la indagatoria de al menos diez personas por los delitos de defraudación, malversación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la investigación de La Nación, cuatro miembros del grupo se encuentran imputados y con pedido de indagatoria ante la sospecha de haber recibido coimas para contratar a un depósito y de haber estado vinculados al movimiento de grandes cantidades de dinero dentro de la empresa.
