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La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave para la incorporación de armas no letales en la Policía Bonaerense. La Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley impulsado por el Frente Renovador, lo que habilita su próximo debate y tratamiento en el recinto provincial.
La propuesta, encabezada por el diputado Carlos Puglelli y respaldada por la legisladora Ayelén Rasquetti, busca modificar la Ley 13.482 de Organización y Funcionamiento de las Policías de la Provincia para incorporar el uso de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil.
El dictamen contó con un apoyo transversal que incluyó a los bloques del Frente Renovador, La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper.
¿Qué tipos de arma serían autorizadas, a partir de la Ley 13.482 actualizada?
El texto legislativo fija de manera explícita el tipo de tecnología que se busca autorizar en el territorio bonaerense. La reforma propone incorporar los artículos 14 bis y 14 ter a la Ley 13.482 para adoptar la categoría de armas no letales, abarcando dispositivos electrónicos y otras tecnologías de contención.
- Dispositivos permitidos: se avalan únicamente las armas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin generar la pérdida de conocimiento.
- Prohibiciones expresas: el proyecto veda expresamente los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.
- Principios de actuación: se establecen cinco criterios rectores para el uso de esta fuerza: legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.
- Condiciones de empleo: su utilización queda restringida a escenarios donde los medios no violentos resulten ineficaces y exista un peligro inminente para la vida o la integridad física de los efectivos o de terceros.
Exigencias de capacitación y fundamentos técnicos de la propuesta
Para la portación y uso de estas herramientas, la iniciativa determina que el personal activo deberá haber aprobado previamente exámenes técnicos y psicofísicos, además de completar un programa de instrucción obligatorio, continuo y acreditado.
La capacitación contemplará el manejo técnico del armamento, la evaluación de riesgos sobre el cuerpo humano, técnicas de desescalada, protocolos de actuación y nociones de primeros auxilios.
Desde el punto de vista operativo, los fundamentos del expediente legislativo se apoyan en la denominada “Regla de Tueller”, un criterio táctico que establece que un agente demora al menos 1,5 segundos en desenfundar y disparar, tiempo en el que un agresor con arma blanca puede avanzar aproximadamente 6,5 metros.
Según la argumentación técnica de los autores del proyecto, disponer de dispositivos no letales otorga una alternativa intermedia de neutralización frente a situaciones de peligro inminente sin necesidad de recurrir al uso de armas de fuego letales.