Un ex militar que participó de los combates durante el copamiento del cuartel de La Tablada, por parte del guerrillero Movimiento Todos por la Patria (MTP), en 1989, denunció fusilamientos, torturas y violaciones a los derechos humanos durante la represión al ataque.
La denuncia fue realizada hoy ante la Justicia por José Alberto Almada, de 43 años, suboficial retirado del Ejército, protagonista del operativo. En una rueda de prensa posterior a la presentación judicial, el sargento ayudante dijo haber sido testigo presencial de numerosas violaciones de los derechos humanos a las que fueron sometidos los atacantes luego de rendirse.
En la denuncia penal, el militar en retiro sostuvo que tuvo una participación "activa" como "operador de comunicaciones" en los combates librados el 23 y 24 de enero de 1989 en el regimiento de La Tablada, situado a las afueras de Buenos Aires.
Esa dependencia del Ejército fue copada a sangre y fuego por miembros de la organización armada Movimiento Todos por la Patria (MTP), cuyo ex líder, Enrique Gorriarán Merlo, acompañó a Almada en el diálogo con los periodistas.
El enfrentamiento se produjo durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la recuperación del cuartel se saldó con la muerte de once miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y 31 guerrilleros. El MTP había denunciado, en su defensa durante el juicio que siguió a los sucesos, que muchos de sus militantes habían sido fusilados y que al menos una decena se escontraban desaparecidos.
Según Almada, al menos seis de los atacantes fueron sometidos a ejecución sumaria por personal militar, que previamente los sometió a torturas, al igual que a otros miembros del MTP que sobrevivieron y posteriormente fueron condenados por la Justicia.
El suboficial aseguró que varios de los hechos que incluyó en su denuncia, radicada ante un juez que investiga las denominadas "causas paralelas" del ataque a La Tablada, contaron con la "aquiescencia" de sus superiores.
Esos expedientes fueron abiertos en base a denuncias sobre ejecuciones, desapariciones y aplicación de tormentos a los atacantes que efectuaron tanto los mismos guerrilleros como familiares de civiles sobrevivientes y fallecidos.
Almada aseguró que en los últimos años intentó por todos los medios a su alcance poner en conocimiento de estos hechos tanto a la justicia como a las autoridades del Ejército, del que fue dado de baja en 1998.
"Mis denuncias fueron sistemáticamente ignoradas, fui separado de la fuerza injustamente y he sido sometido a intensas presiones y persecuciones cuando lo único que hice fue cumplir con mi deber de soldado", manifestó.
Luego de sostener que en La Tablada presenció "situaciones que no guardan relación con las conductas de combate frente a personas que deponen sus armas e intentan rendirse", consideró que "la verdad y la reconciliación son necesarias para construir una sociedad mejor".
Por su parte, Gorriarán Merlo señaló que "Almada no es un arrepentido porque nunca cometió un delito y su denuncia está en consonancia con la política del actual Gobierno de juzgar los crímenes de lesa humanidad‘ perpetrados en el pasado reciente.
Además, coincidió con el militar en hacer votos "para que de ahora en más las diferencias se diriman en paz y nunca más mediante la confrontación armada".
Almada explicó que aceptó reunirse con el ex guerrillero 15 años después de los sucesos de La Tablada luego de contactarse con organismos de defensa de los derechos humanos que le propusieron la realización del encuentro.
Los guerrilleros del MTP capturados recibieron duras condenas judiciales por el ataque, pero a partir de 2000 la gran mayoría fue saliendo de prisión por reducciones de penas e indultos concedidos por los sucesivos gobiernos.
Esas medidas también beneficiaron a Gorriarán Merlo, quien está en libertad desde mayo del año pasado.
