Cómo fue la reforma que intentó Arslanian en 1999

El designado ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Arslanián, ya había puesto en marcha en su pasada gestión en el cargo un ambicioso plan de reforma de la Policía que intentará, según anunció, repetir en esta segunda gestión.

El 13 de abril de 1998, durante la gobernación de Eduardo Duhalde, el jurista se convirtió en el primer ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ya que hasta ese entonces esas áreas no estaban comprendidas en un Ministerio sino divididas en dos secretarías, las de Justicia y de Seguridad del entonces Ministerio de Gobierno.

Pero luego de un año y medio de implementada la reforma policial, Arslanián renunció a su cargo el 5 de agosto de 1999, debido a un durísimo enfrentamiento ideológico y político con Carlos Ruckauf, entonces aspirante a la gobenación bonaerense e impulsor de la denominada “mano dura que incluía el “meter bala a los delincuentes , por eso su reforma no prosperó en el tiempo.

Los siguientes son los puntos principales de la reforma que Arslanián llevó adelante durante su gestión:

- Puso en marcha la reforma policial, junto al jurista Alberto Binder, que consistió en descentralizar la Policía bonaerense y dividirla en 18 Jefaturas Departamentales.

- Se abolieron las jerarquías de jefe y subjefe de la fuerza, que comenzó entonces a ser dirigida por primera vez en la historia por un civil, Carlos Alberto Beraldi, a la cabeza de la Secretaría de Seguridad.

- Se creó la secretaría de Relaciones con la Comunidad, que encabezó por Juan José Alvarez.

- Implementó la reforma del Código Procesal bonaerense, también inconclusa al día de hoy.

Tras su apartamiento, si bien la reforma que se había iniciado no volvió atrás, tampoco prosperó, puesto que se crearon nuevos cargos, como el de Superintendente de la Policía provincial, que recrea la figura del virtual jefe policial justamente abolida por Arslanián.

La llamada “Reforma Arslanian significó, entre otras cosas, el pase a retiro a toda la plana mayor de la policía provincial y se dispuso el retiro de más de 300 Comisarios Generales y Mayores. La policía única fue disuelta y reemplazada por 18 policías departamentales de seguridad, una policía de investigaciones, un servicio de traslado y custodia de detenidos y se propuso, además, la creación de una policía vial municipal.

La idea era que las policías departamentales de seguridad, funcionaran autónomamente y se relacionarían entre si, siendo su función principal la de prevenir la ocurrencia de delitos. “El proyecto buscaba disolver las redes de corrupción a través de un proceso de diferenciación funcional, de creación de una pluralidad de organismos policiales que realizarían las funciones que antes realizaba uno solo y de descentralización del mando , advierte Hugo Fruhling, del Instituto de Ciencia Política de Chile, en el capítulo dedicado a la Argentina de un artículo sobre la “Reforma Policial y el proceso de democratización en América Latina .

La Ley 12.154 Provincial de Seguridad Pública dispuso la creación de Consejos Departamentales de Seguridad, compuestos de un representante de los Defensores Municipales de la Seguridad de los Municipios, un diputado y un senador provinciales, dos titulares de los departamentos ejecutivos de los Municipios componentes del departamento judicial, del Fiscal de Cámaras del departamento judicial, de un representante del Colegio de Abogados, además de representantes gremiales, empresariales y de instituciones religiosas. Sus funciones establecidas por la ley provincial consisten en fiscalizar y evaluar el funcionamiento y las actividades de los cuerpos policiales provinciales, solicitar informes a las jefaturas de las diversas policías establecidas, e incluso intervenir en la regulación de los conflictos sociales por la vía pacífica.

La misma Ley establecía el derecho de los habitantes de la provincia y el deber de su Gobierno de promover la participación comunitaria en la elaboración e implementación de las políticas de seguridad pública. Para ello establecía foros vecinales de seguridad, integrados por aquellas organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales de reconocida participación social, quienes participarían y evaluarían el funcionamiento y las actividades de los cuerpos policiales provinciales y que podrían intervenir en los planes de prevención de actividades y hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública.

En materia de control interno de la conducta policial, se establecía la Oficina de Control de la Corrupción y Abuso Funcional, integrada por un Auditor de Asuntos Internos, dependiente del Ministro de Seguridad, así como por un Tribunal de Ética. El Auditor debía investigar todas las denuncias de faltas a la ética o abusos funcionales cometidas por personal policial y formular la acusación ante el Tribunal de Etica.

La reforma implicaba también poner término a la competencia de la policía en materia de instrucción de los procesos penales, de manera tal que un mayor número de policías quedara disponible para realizar tareas preventivas.

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