Estados Unidos creó un fondo de u$s 1.800 millones para las víctimas del “lawfare” del gobierno, a cambio de que Donald Trump y su familia retiren una demanda de u$s 10.000 millones contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de las declaraciones impositivas del presidente.
La demanda, que incluía al presidente de Estados Unidos, a sus dos hijos mayores Donald Trump Jr. y Eric, y a la Trump Organization como demandantes, fue retirada voluntariamente, según una presentación judicial del lunes.
El Departamento de Justicia informó más tarde que el caso fue desestimado como parte de un acuerdo en el que se pondrá a disposición dinero del gobierno para lo que denominó “otros que han sufrido la militarización del Estado y la guerra judicial”.
El acuerdo de conciliación destinará fondos del gobierno estadounidense a personas que afirmen haber sido maltratadas, tal como Trump dice haber sido él, aunque el Departamento de Justicia aclaró que no habrá “requisitos partidarios” para presentar un reclamo.
“El presidente Trump, su familia, sus seguidores y otros incontables Patriotas America First fueron atacados ilegalmente por las agencias de cumplimiento de la ley dirigidas por los demócratas”, dijo un portavoz del equipo legal de Trump. “El presidente Trump está llegando a este acuerdo exclusivamente en beneficio del pueblo estadounidense.”
La demanda contra el IRS fue presentada en enero y tuvo origen en la divulgación de documentos impositivos filtrados por un ex contratista del IRS a varios medios de comunicación y organizaciones en 2019 y 2020.
La demanda federal en Florida representó una medida inusual por parte de un presidente en ejercicio de tomar acción legal contra un organismo de su propio gobierno.
Según la demanda, la filtración a “medios de comunicación de izquierda” causó “daños a la reputación y financieros, vergüenza pública, perjudicó injustamente su reputación comercial, los presentó bajo una luz falsa y afectó negativamente la imagen pública del presidente Trump y de los demás demandantes”.
Los Trump alegaron que el IRS no estableció las salvaguardas adecuadas para garantizar la seguridad y confidencialidad de las declaraciones impositivas del presidente de Estados Unidos y su familia.
El Departamento de Justicia señaló que el “acuerdo de conciliación” crearía un “fondo antiarbitrariedad” que otorgaría compensaciones en forma de dinero o una disculpa a las presuntas víctimas.
Trump y sus familiares recibirían una disculpa, pero no un pago en dinero, añadió el Departamento de Justicia. Como parte del acuerdo también retirarán reclamaciones separadas relacionadas con el allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago en 2022 y con lo que el departamento llamó el “engaño de la colusión con Rusia”.
“La maquinaria del gobierno nunca debe ser utilizada como arma contra ningún ciudadano estadounidense y es intención de este departamento reparar los errores que se cometieron anteriormente, garantizando que esto nunca vuelva a ocurrir”, afirmó Todd Blanche, fiscal general interino, en un comunicado.
Charles Littlejohn, ex empleado de la consultora Booz Allen Hamilton, un contratista del gobierno, fue condenado a cinco años de prisión en enero de 2024 por filtrar las declaraciones impositivas de Trump y por divulgar por separado las declaraciones fiscales de miles de otras personas adineradas. Un juez lo calificó como “el mayor robo en la historia del IRS”.
En enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que cancelaría los contratos con Booz Allen Hamilton como castigo por las filtraciones, ocurridas durante la primera administración Trump.
La empresa, cuyas acciones se desplomaron tras las cancelaciones de contratos, figura en una lista de donantes corporativos para la construcción del nuevo salón de baile de Trump en la Casa Blanca.
Trump y sus familiares abandonan el caso con perjuicio, lo que significa que no pueden presentarlo ante otro tribunal, indicó la presentación. Trump había exigido originalmente un juicio con jurado.
El fondo antiarbitrariedad contaría con una comisión de cinco miembros designados por el fiscal general, con uno elegido “en consulta con el liderazgo del Congreso”, según el Departamento de Justicia. Agregó que el fondo “puede ser auditado” por disposición del fiscal general e informará trimestralmente sobre quiénes recibieron compensaciones.