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España entró en un limbo político

El país se enfrenta ahora a la perspectiva de largas negociaciones sobre un nuevo gobierno y no puede descartarse la celebración de nuevas elecciones, como en 2015-16 y 2019.

Ramón Menéndez Pidal, distinguido historiador español del Siglo XX, observó en una ocasión: "En España, la diferencia de opiniones degenera en una contienda de animadversión irreconciliable". Así se demostró en la polarizada campaña electoral que culminó el domingo en un resultado inconcluso que no deja a ningún partido en un camino claro hacia el gobierno.

Cuestiones tan importantes como la salud de las finanzas públicas españolas y el impacto del cambio climático en un país que sufre una ola de calor extremo se vieron envueltas en estridentes intercambios polémicos, mientras los socialistas, en el poder, y el conservador Partido Popular (PP), en la oposición, se lanzaban acusaciones mutuas sobre sus vínculos con partidos más pequeños de derecha radical, izquierda radical o regionalistas.

La polarización política es profunda en muchas democracias de Europa occidental, pero tras estas elecciones las consecuencias en España para un gobierno estable son potencialmente más problemáticas. Los socialistas y el PP, los partidos dominantes desde el final del franquismo en la década de 1970, no tienen tradición de compartir el poder y con demasiada frecuencia prefieren hacer hincapié en sus desacuerdos en lugar de explorar áreas de posible cooperación.

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Por tanto, parece poco probable una "gran coalición" al estilo alemán. Sin embargo, otras vías para la formación de un nuevo gobierno están plagadas de obstáculos. Dado que el PP resultó ser el partido más grande, con 136 escaños en la legislatura de 350 escaños, es correcto que el rey Felipe VI invite a Alberto Núñez Feijóo, el líder del partido, a hacer el primer esfuerzo para formar gobierno con una mayoría parlamentaria detrás. Sin embargo, el desplome en el apoyo a Vox, el partido de ultra derecha que obtuvo sólo 33 escaños después de quedarse con 52 en las elecciones de 2019, hará que la tarea de Feijóo sea formidablemente difícil.

El mal número de Vox es, sin embargo, un resultado positivo para la democracia española. Demuestra que, a pesar de los recientes avances electorales de la derecha dura en países como Finlandia, Italia y Suecia, la gran mayoría de los españoles rechaza el extremismo de Vox y duda de su calificación para repartirse el poder a nivel nacional.

Vox no es descendiente directo de la extrema derecha ultranacionalista que gobernó España desde la guerra civil hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Sin embargo, su denuncia del "fanatismo climático" y su desprecio por las leyes que protegen a las mujeres de la violencia y defienden los derechos de los transexuales lo convertirían en un socio perjudicial para el PP si Feijóo consiguiera formar gobierno.

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Además, Vox defiende una reafirmación del modelo de gobierno altamente centralizado desde Madrid que definió a España en los Siglos XVIII y XIX y durante el franquismo. Cualquier movimiento en esta dirección bajo un gobierno de derecha correría el riesgo de echar por tierra el buen trabajo que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno socialista desde 2018, ha hecho para calmar las condiciones en Cataluña tras la declaración inconstitucional de independencia de los separatistas regionales en 2017.

Para los socialistas, que obtuvieron mejores resultados de los esperados y lograron 122 escaños, las posibilidades de mantenerse en el cargo se complican porque necesitarían el apoyo no sólo de los izquierdistas radicales, sino de los partidos regionalistas, por ejemplo en Cataluña y el País Vasco. Sánchez tendría que pagar un precio. Su relativa indulgencia con los separatistas catalanes y sus acuerdos ocasionales con EH Bildu, el partido sucesor del brazo político de ETA, el grupo terrorista vasco, galvanizaron a muchos votantes españoles de derechas e intensificaron el ambiente de polarización política de la campaña.

España se enfrenta ahora a la perspectiva de largas negociaciones sobre un nuevo gobierno. No puede descartarse la celebración de nuevas elecciones, como en 2015-16 y 2019. El bloqueo político nunca es bueno para un gobierno eficiente. Los socialistas y el PP deben de garantizar que su feroz rivalidad no agrave la incertidumbre sobre quién debe gobernar España.

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