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El PSOE denunciará ante la Fiscalía provincial de delitos económicos de Madrid un posible delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos en la compra del ático de Chamberí.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE y cuya presentación los socialistas consideran “inminente”, se dirige contra el Consejo de Administración de la empresa Planifica Madrid.
El inmueble fue adquirido por esa empresa, dependiente de la consejería de Presidencia, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la presidenta durante las obras previstas en la Real Casa de Correos.
Finalmente, se puso en venta con el fin, según la Comunidad, de destinar los beneficios a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.
Qué irregularidades señala el PSOE en la compra del ático
Los socialistas consideran que el cauce elegido para la adquisición fue “contradictorio e injustificado” para la finalidad declarada públicamente. Apuntan a un posible uso de Planifica Madrid como entidad mercantil de derecho privado con el objetivo de “evitar las normas del patrimonio público y sus controles”.
Para el partido, la operación cercena los mecanismos de publicidad previstos en la Ley 3/2001 para la compra de patrimonio público, desde la celebración de un concurso hasta la comunicación a la Asamblea de Madrid.
Añade, además, que el presupuesto de Planifica Madrid para 2026 no contemplaba ninguna partida destinada a la compra de inmuebles de esa naturaleza.
¿Qué preguntas plantea la denuncia socialista?
En el escrito, la formación plantea la disyuntiva que, a su juicio, resume el caso. “¿Estamos ante una gravísima irresponsabilidad negligente que da lugar a una adquisición con altos costes para una finalidad imposible de cumplir (…), o, realmente, toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial?”, se pregunta.
Los socialistas consideran, además, que la venta “precipitada” del inmueble es otro “indicio” de posibles irregularidades y puede constituir en sí misma una situación irregular “con posible relevancia penal”.
La del PSOE no es la única acción: existen otras dos denuncias, una del partido extraparlamentario Iustitia Europa ante los juzgados de Instrucción de Madrid y otra del abogado Javier Flores ante el Tribunal de Cuentas, mientras Más Madrid estudia también emprender acciones legales.
Qué ha respondido el PP
El PP ha devuelto la crítica al Gobierno central. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha reprochado que el Ejecutivo no haya mostrado la misma coordinación para afrontar las crisis de los últimos días y sí “una extraña coordinación en redes sociales y medios de comunicación” para denunciar la compra del ático.
Ezcurra ha pedido “preocuparse más por los problemas de los españoles y menos por los de los políticos” y ha sostenido que tanto Ayuso como el Gobierno regional “ya han dado las explicaciones oportunas”. “Si para alguien no son suficientes, deben acudir a los mecanismos legales que correspondan”, ha zanjado.