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El Estado transferirá este año un total de 170.300 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024, una cifra récord que supone un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior.
Así lo anunció este martes el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la reunión del Consejo de Ministros, donde el Gobierno aprobó el real decreto ley que regula estas transferencias y que también contempla un aumento de los recursos destinados a las entidades locales.
Según los datos facilitados por Hacienda, las comunidades autónomas de régimen común —todas excepto Navarra y País Vasco— recibirán 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que en 2025. El Ejecutivo destacó que se trata del mayor volumen de recursos transferido hasta ahora a las administraciones regionales.
Durante su comparecencia, el ministro subrayó que la suma de entregas a cuenta y liquidaciones ha aumentado un 64% respecto a 2018, tomando como referencia el último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno del Partido Popular.
El Ejecutivo atribuye este incremento a la evolución de la actividad económica y de los ingresos públicos. En ese sentido, España señaló que los buenos datos del mercado laboral, con 22,3 millones de personas ocupadas y una tasa de desempleo inferior al 10%, han contribuido a elevar la recaudación y, por tanto, los recursos disponibles para las administraciones territoriales.
Más financiación para comunidades y ayuntamientos
Las transferencias del Estado constituyen una de las principales fuentes de financiación de las comunidades autónomas y permiten sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Además del aumento de los recursos para las autonomías, el Gobierno aprobó un incremento de la financiación destinada a las entidades locales. Según Hacienda, los ayuntamientos recibirán este año 29.247 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,8% respecto a 2025 y del 67,5% en comparación con 2018.
La medida busca reforzar la capacidad financiera de los municipios en un contexto marcado por mayores necesidades de inversión y gasto público.
Los municipios podrán movilizar más de 3100 millones en inversiones
El real decreto ley incorpora además una de las principales reclamaciones planteadas por ayuntamientos y entidades locales: la posibilidad de destinar parte de sus superávits a inversiones financieramente sostenibles.
En concreto, los municipios que registraron superávit presupuestario en 2025 podrán utilizar esos recursos sin que computen a efectos de la regla de gasto. Según las cifras facilitadas por Hacienda, más de 2540 entidades locales podrán movilizar hasta 3168 millones de euros para financiar actuaciones en ámbitos como alcantarillado, industria, energía, comercio, Protección Civil o infraestructuras.
La medida pretende facilitar la ejecución de proyectos locales sin comprometer los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Impulso adicional para las políticas de vivienda
Una de las novedades incluidas en la norma afecta a las políticas de vivienda. Por primera vez, el Gobierno habilitará un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar parte de sus remanentes a actuaciones vinculadas a vivienda no solo durante 2025, sino también en los cuatro ejercicios siguientes.
Hasta ahora, este tipo de autorizaciones requerían una habilitación legal específica para cada ejercicio presupuestario. Con el nuevo mecanismo, las entidades locales dispondrán de un marco plurianual para planificar inversiones en este ámbito.
Qué implica para las administraciones territoriales
La aprobación de estas transferencias récord proporciona a comunidades autónomas y ayuntamientos una mayor capacidad financiera para afrontar sus presupuestos y planificar inversiones.
No obstante, el impacto concreto dependerá de la distribución territorial de los fondos y de las decisiones de gasto que adopte cada administración. Por el momento, el Gobierno no ha detallado el reparto por comunidades autónomas ni el calendario de las transferencias.
La medida llega además en un contexto en el que sigue abierto el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace años y que continúa siendo uno de los principales desafíos de la política fiscal española.
