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Japón tiene un problema demográfico que no tiene precedentes entre las grandes economías del mundo. Su población lleva 16 años consecutivos reduciéndose. La tasa de fertilidad cayó en 2024 a un mínimo histórico de 1,15 hijos por mujer.
Las proyecciones sitúan la población en 87 millones en 2070 y en 63 millones en 2100, cuando solo la mitad de los habitantes estará en edad de trabajar. Sectores como la sanidad, la construcción, la agricultura y los cuidados a personas mayores ya no encuentran trabajadores.
En ese contexto, Sanae Takaichi asumió el 21 de octubre de 2025 como la primera mujer en ser primera ministra de Japón. Y eligió endurecer la política migratoria.
La posición de Japón ante los inmigrantes
Takaichi llegó al liderazgo del Partido Liberal Democrático (PLD) en octubre de 2025 en una carrera interna que, de forma inédita, estuvo dominada por el debate sobre la inmigración. El detonante fue el auge del partido populista Sanseito, que describe la inmigración como una “invasión silenciosa” y culpa a los extranjeros de múltiples problemas sociales.
Para frenar la sangría de votos conservadores hacia Sanseito, Takaichi adoptó un discurso que sus críticos comparan con la de Donald Trump. Inició su campaña criticando a extranjeros por supuestamente dar patadas a ciervos sagrados en el Parque de Nara, cerca de su ciudad natal.
Esa retórica resonó. “El repentino aumento de extranjeros puede resultar un poco alienante”, declaró Takaichi según Newsweek, en una frase que resume su posición pública: no hostilidad explícita, pero sí incomodidad institucionalizada.
Las medidas legales que tomará Japón contra los inmigrantes
Una vez en el poder, Takaichi convirtió sus palabras en política. En enero de 2026, su gobierno presentó un marco titulado “Medidas Integrales para Aceptar Extranjeros y Coexistencia Ordenada”, que extiende el control migratorio mucho más allá de los trabajadores para incluir también al turismo y la compra de propiedades por extranjeros.
La primera ministra ordenó a los ministerios relevantes redactar revisiones de las políticas que afectan a los extranjeros para enero de 2026, con expectativas de abordar las primas de pensiones y seguros de salud impagadas, las estancias ilegales, la compra de tierras y la tala ilegal.
En la práctica, la vía de acceso a la ciudadanía también se ha estrechado. La Ley de Nacionalidad sigue estipulando que los extranjeros pueden solicitar la ciudadanía tras cinco años de residencia.
Pero bajo el Gobierno de Takaichi, la naturalización parece haberse vuelto más difícil en la práctica, con solicitantes que enfrentan un escrutinio más estricto de su historial laboral, pagos de impuestos y cumplimiento del seguro de salud.
La situación económica que podría perjudicar a Japón
El problema de fondo, según el punto de vista de algunos economistas, es que Japón necesita exactamente lo que Takaichi restringe. El programa de visados para trabajadores cualificados (Specified Skills Worker) alcanzó cifras récord en 2025, con crecimiento en sectores con escasez crónica de mano de obra.
Hay más extranjeros que nunca porque las empresas japonesas no encuentran trabajadores locales. El estado debe separar la incorporación económica de la incorporación política. Japón abre su mercado laboral mientras estrecha los límites simbólicos de la pertenencia.
El economista Richard Katz, del semanario Toyo Keizai, describe la política económica de Takaichi como llena de contradicciones internas.
A diferencia de su mentor Shinzo Abe, que presidió un aumento de trabajadores extranjeros, Takaichi está dando marcha atrás en la inmigración.
