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La secretaria de Estado de Migraciones de España, Pilar Cancela, ha asegurado este martes que todas las solicitudes de la regularización extraordinaria de inmigrantes tendrán resolución y no habrá “silencio administrativo”.
Lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso para dar detalles de la medida extraordinaria que está llevando a cabo el Ejecutivo, ante las preguntas en este sentido del diputado de Sumar Vicenç Vidal.
Cancela ha precisado que será posible subsanar las deficiencias detectadas en las peticiones, lo que suspenderá los plazos, por lo que las resoluciones se podrán extender incluso más allá de los tres meses establecidos por esta razón.
Asimismo, ha criticado el principio de ‘prioridad nacional’ defendido por Vox como “un paso más en la estigmatización” de las personas migrantes, contrario al orden constitucional y a la normativa europea.
Inmigración: España regularizó a 750.000 personas desde 2022
La secretaria de Estado ha explicado que para evitar la brecha digital, el Gobierno ha habilitado ya 441 oficinas de la Seguridad Social y de Correos para hacer la solicitud de forma presencial y se seguirán abriendo más puntos.
También ha defendido la regularización como un acto de normalización y un guiño a la memoria migrante de España y ha subrayado los beneficios de otras políticas anteriores, al destacar que España ha regularizado a 750.000 personas desde 2022 a través de la figura del arraigo.
Caída del 42,6% de las llegadas irregulares
Cancela ha llamado la atención sobre la reducción de las llegadas irregulares a España, de un 42,6% durante 2025 respecto al año anterior, y ha achacado este descenso al control de fronteras, los acuerdos con terceros países y la cooperación internacional con los países de origen para prevenir las llegadas irregulares y desarticular redes de tráfico de personas.
Y ha citado la excepción de Baleares, donde las llegadas han aumentado y donde, ha recalcado, se ha realizado un esfuerzo especial para dotar al archipiélago de medios humanos y materiales adecuados para hacer frente a la acogida.
Pero la secretaria de Estado de Migraciones ha remarcado que sólo el 6% de las personas inmigrantes que llegan a España lo hacen de forma irregular, ya que la inmensa mayoría lo hacen de manera regular, a través de los aeropuertos.
Los grupos piden más coordinación con las comunidades e información clara
Por parte de los grupos, las intervenciones se han repartido entre los diputados de Vox, PP y Junts, que han criticado la medida, y PNV, ERC, Sumar y PSOE, que han aplaudido la regularización pero han plantado algunas dudas y trasladado reivindicaciones de los afectados y entidades sociales.
En este sentido, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha criticado que no haya suficiente coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales y los de ERC, Jordi Salvador i Duch, y Sumar, Vicenç Vidal, han pedido más y mejores campañas de información para evitar confusiones como quién necesita el certificado de vulnerabilidad.
PP, Vox y Junts cargan contra la medida
El PP, por su parte, ha cargado contra la regularización extraordinaria, llevada a cabo, a su juicio, sin planificación real, sin los recursos necesarios y “saltándose a la torera” el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Muy crítico ha sido también Vox, que ha censurado la política migratoria del Gobierno y señalado a la inmigración como responsable de problemas como el acceso a la vivienda o la precariedad laboral y ha rechazado que el Ejecutivo trate de acallarles bajo la etiqueta de “racistas”. También de esta etiqueta se ha quejado el parlamentario de Junts, Josep Maria Cervera, quien ha reivindicado las competencias en inmigración para Cataluña.
