España cerró abril con el paro por debajo de los 2,4 millones de personas por primera vez desde 2008 y el mercado laboral superó los 22 millones de afiliados. Pero detrás de ese dato conviven realidades más complejas que los números no logran captar. Sectores que no encuentran trabajadores nacionales, vacantes sin cubrir y un debate que reaparece cada vez que el paro baja sin que la actividad suba al mismo ritmo. En ese contexto, el economista Gonzalo Bernardos puso palabras a una de las tensiones más incómodas del mercado laboral español. “Lamentablemente hay una parte de la población que prefiere no trabajar y cobrar la prestación por desempleo”, afirmó en declaraciones para Más Vale Tarde. La afirmación de Bernardos no es una crítica moral a quienes cobran el paro, sino un diagnóstico sobre cómo están diseñados los incentivos del sistema. Cuando la diferencia entre el salario neto de un empleo disponible y la cuantía de la prestación por desempleo es pequeña, la decisión de incorporarse al mercado laboral deja de ser económicamente evidente. El economista ha señalado en diversas ocasiones que el modelo actual penaliza el trabajo de rentas bajas a través de cotizaciones sociales elevadas y salarios netos reducidos, lo que estrecha la brecha entre trabajar y no trabajar. El resultado, en algunos casos, es que la prestación ofrece una estabilidad económica similar o incluso superior a la que proporciona un empleo precario. El desempleo en España lleva meses en mínimos históricos, pero eso no significa que toda la población inactiva esté buscando trabajo activamente. La tasa de paro mide a quienes buscan empleo y no lo encuentran, pero no recoge a quienes directamente han dejado de buscarlo. El economista Marc Vidal también ha señalado que hay “casos en los que es más recomendable continuar con prestaciones que aceptar un trabajo”, especialmente en el caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, cuyo diseño puede generar un efecto en el que reincorporarse al mercado laboral suponga perder dinero. En esos casos, el sistema no premia la actividad sino que puede desincentivarla. Bernardos ha apuntado en este mismo sentido que el español medio presenta una baja empleabilidad no solo por razones estructurales, sino también porque “quiere trabajar donde le gusta y no donde realmente puede”. Esa combinación, prestaciones que amortiguan la necesidad urgente de trabajar y preferencias laborales difíciles de satisfacer, explicaría parte del fenómeno que describe. La prestación contributiva por desempleo en España equivale al 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses, y cae al 50% a partir del séptimo. Eso significa que para un trabajador con un salario medio bajo, la diferencia entre cobrar el paro y aceptar un empleo disponible puede ser de pocas decenas de euros al mes, especialmente si ese empleo implica gastos adicionales de transporte o cuidados. Si esa protección se prolonga sin mecanismos efectivos de reincorporación o sin que los salarios disponibles resulten suficientemente atractivos, puede producir el efecto que el economista describe.