España activo en 2025 un mecanismo de revisión de nacionalidades concedidas por vías no originarias, una medida que podría afectar a miles de personas que adquirieron la ciudadanía por residencia, opción o carta de naturaleza. En 2026 esta medida se mantiene con el objetivo de combatir fraudes, detectar irregularidades y reforzar el control sobre los procesos de nacionalización. Este cambio legal no solo genera incertidumbre entre quienes recientemente obtuvieron la nacionalidad española, sino que también da un marco a la política migratoria del país que pronto enfrentará una regularización masiva de inmigrantes. La revisión afectará exclusivamente a quienes no sean españoles de origen, es decir, a las personas que hayan adquirido la nacionalidad mediante procedimientos administrativos. Los principales casos contemplados por el Ministerio de Justicia son: Uso continuado de otra nacionalidad Aquellas personas que mantengan activa su nacionalidad anterior y la utilicen de forma habitual durante tres años, sin haber manifestado ante el Registro Civil su deseo de conservar la nacionalidad española, podrán perderla. Esta medida excluye a ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. Participación en actividades contrarias a los intereses de España La incorporación al servicio militar extranjero o el desempeño de un cargo político en otro país sin autorización previa del Gobierno español son causas explícitas de pérdida de la nacionalidad. Estas acciones se consideran incompatibles con los intereses nacionales. Fraude en el proceso de naturalización Si se detecta que una persona ocultó información, presentó documentación falsa o cometió fraude durante el proceso de solicitud, se abrirá un expediente administrativo. Una sentencia judicial firme podrá derivar en la retirada definitiva de la nacionalidad española. La pérdida de la nacionalidadno será automática. El procedimiento se tramitará como un expediente administrativo individual, en el que el afectado podrá presentar alegaciones y pruebas en su defensa. El Ministerio de Justicia ha aclarado que cada caso será analizado de forma particular, respetando el derecho a la defensa y los tiempos establecidos por ley. Esta auditoría general se realizará de forma gradual, con prioridad en los casos donde ya existan indicios de incumplimiento. Sí, existen mecanismos legales para recuperar la nacionalidad española, aunque el proceso dependerá de varios requisitos. Según la normativa vigente, podrán solicitar la recuperación quienes cumplan con lo siguiente: Residir legalmente en España, salvo excepciones aplicables a emigrantes o descendientes de españoles.Declarar ante el Registro Civil la voluntad de recuperar la nacionalidad.Inscribirse nuevamente en el Registro Civil correspondiente al domicilio actual. Además, el Ministerio de Justicia puede conceder una dispensa en casos excepcionales, como cuando el solicitante haya realizado actividades relevantes para el país o para la comunidad española en el exterior. La nacionalidad española de origen no puede revocarse. Por lo tanto, esta medida no afecta a quienes hayan nacido en España de padre o madre español, ni a quienes adquirieron la nacionalidad desde el nacimiento, aunque sea en el extranjero. Tampoco se verán afectados quienes mantengan únicamente la nacionalidad española y no incurran en ninguna de las causales de pérdida contempladas en el Código Civil. El Ministerio de Justicia sugiere a las personas que hayan sido nacionalizadas en los últimos años que: Verifiquen que su documentación esté actualizada.Cumplan con todas las obligaciones legales como ciudadanos españoles.Se mantengan informados sobre las posibles notificaciones administrativas. Además, aconsejan no participar en actividades políticas o militares en países extranjeros sin haber consultado previamente con las autoridades consulares o con el propio ministerio. En paralelo a la revisión de nacionalidades activada por el Gobierno, España atraviesa un proceso clave en materia migratoria: una regularización masiva que podría beneficiar a cientos de miles de personas. Sin embargo, conviene aclarar un punto central: este proceso no implica automáticamente la obtención de la nacionalidad española ni afecta directamente a quienes ya la poseen, salvo en casos específicos vinculados a irregularidades. Según datos oficiales difundidos por EFE, el Ejecutivo recibió 13.500 solicitudes en las primeras 24 horas desde la apertura del plazo, además de 19.633 citas previas confirmadas para iniciar el trámite presencial. La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, apunta a conceder permiso de residencia y trabajo a cerca de medio millón de migrantes. La regularización está dirigida a personas que ya se encontraban en España antes del 1 de enero y a solicitantes de asilo que cumplan ciertos requisitos, como acreditar al menos cinco meses de estancia en el país y no tener antecedentes penales. No de forma directa. La regularización es un primer paso administrativo que permite salir de la situación irregular, acceder al mercado laboral formal y residir legalmente en España. Solo después de varios años de residencia legal continuada, los beneficiarios podrían iniciar un proceso de solicitud de nacionalidad por residencia. Aquí es donde se conecta con la revisión anunciada por el Gobierno: quienes en el futuro accedan a la nacionalidad por esta vía sí estarán sujetos a los controles y auditorías previstos para ciudadanos no originarios. Es decir, deberán cumplir estrictamente con los requisitos legales para conservarla. El endurecimiento del control sobre las nacionalizaciones y la regularización masiva responden a una misma lógica política: ordenar los flujos migratorios y reforzar la seguridad jurídica del sistema. Mientras la regularización busca integrar a quienes ya viven en el país, la revisión apunta a garantizar que quienes acceden a la ciudadanía lo hagan cumpliendo todas las condiciones.