Crecen los femicidios en España: el Comité de la ONU exigió más medidas preventivas
La ONU le exige al país contemplar las nuevas formas de agresión, como el acoso en línea y los discursos de odio.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres pidió a España mejores medidas para combatir la trata de mujeres, a menudo migrantes, con fines de prostitución, así como el trabajo forzado en el sector agrícola, y denunció que el país carece de legislación completa contra estas prácticas.
El comité publicó estas conclusiones tras el noveno examen de la situación de España, efectuado a mediados de mayo, y destacó que la mayoría de las víctimas de este tráfico no son detectadas por los controles fronterizos y carecen de acceso a la justicia.
También criticó la limitada definición del proxenetismo en la legislación española, y pidió a las autoridades del país que garanticen la pronta adopción de un proyecto de ley orgánica contra el tráfico y la explotación de seres humanos, con el fin de reducir el número de mujeres que son víctimas.
El Comité de la ONU pide a España fortalecer el marco jurídico para la prevención de la violencia contra la mujer
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer destacó la alta tasa de feminicidios ocurridos en España y expresó preocupación por la violencia de género que prevalece en el país pese a los esfuerzos de legislativos para crear una política de prevención y protección de las mujeres y las niñas en su territorio.
Por otra parte, el informe celebra las reformas legislativas que España ha emprendido en favor de la igualdad desde su anterior comparecencia en 2017, como las leyes orgánicas que este año se promulgaron para promover la igualdad de personas trans o la reforma del aborto, así como la Ley de Memoria Democrática en 2022, "que reivindica el rol activo de las mujeres en la lucha por la democracia".
Sin embargo, el comité de Naciones Unidas muestra preocupación por la "limitada eficacia" que pueden tener algunas de estas reformas legales, "en lo que respecta al acceso al aborto, a las garantías para mujeres refugiadas y migrantes, y a la justicia".
En este último punto el comité recuerda que desde la entrada en vigor en 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género se han establecido 113 juzgados especializados en la investigación de estos casos pero "el procesamiento de los perpetradores ha sido insuficiente".
Ello se ha debido "a una cultura judicial que no ha incorporado del todo" la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.
Ley Sólo Sí es Sí: puntos a favor y en contra
El comité señala que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022 (también conocida como "ley del sólo sí es sí") logró "eliminar la carga de la prueba sobre la víctima", pero critica que su aplicación retroactiva "ha llevado a un significativo número de reducciones de condenas y puestas en libertad" de agresores sexuales.
Esta ley, que ha despertado polémica en España a lo largo de las últimos meses, fue ya reformada en abril por Congreso y Senado.
Entre las distintas recomendaciones emitidas por el comité, éste sugiere la inclusión del "asesinato machista" en las leyes españolas, el fortalecimiento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer o la colaboración con la Unión Europea para adoptar legislación que mitigue los riesgos que la inteligencia artificial plantea en materia de discriminación contra las mujeres.
Participación de las mujeres
El comité destaca el positivo desarrollo de la participación de las mujeres en el Gobierno español, donde hay 14 ministras por ocho ministros, y en el Legislativo (44 % de diputadas y 39 % de senadoras), pero subraya que la presencia de éstas en otras áreas de la vida pública "sigue siendo baja".
Pone como ejemplos los altos tribunales, especialmente el Constitucional, "los deportes, la carrera diplomática o el sector privado".
Aunque el comité celebra la creación en 2020 de un Ministerio de Igualdad (ya había existido previamente entre 2008 y 2010, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero), considera que su coordinación con el Instituto de la Mujer e instancias similares de las comunidades autónomas es insuficiente.
El examen a España se celebró el pasado 16 de mayo, y la delegación española estuvo presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez.
Fuente: EFE.