Reforma del Constitucional

Drama político en España: todo lo que hay que saber sobre la pelea del Constitucional

El PSOE busca apartar a los magistrados González-Trevijano y Narváez Rodríguez por verse "afectados en su imparcialidad".

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El PSOE presentó el domingo 18 de diciembre dos nuevos escritos ante el Tribunal Constitucional, uno de alegaciones y otro de personación. La reforma impulsada por el Gobierno de España para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso, entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional.

El PSOE  busca frenar el recurso del PP y para ello presentó una recusación contra los magistrados Pedro José González Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez.

Este escrito de recusación se suma al presentado por el PSOE en el Congreso y al de Unidas Podemos, para que la reforma del Código Penal, que cambia las mayorías precisamente para el Tribunal Constitucional, deroga el delito de sedición y toca el de malversación, para que pueda seguir su curso parlamentario en el Senado.

Qué propone el PSOE

El objetivo de estos escritos es tratar de impedir que dicho órgano acepte la petición del PP de suspender, de forma cautelarísima, la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para desbloquear la renovación del tribunal.

Los socialistas plantean que, en caso de ser admitida la petición de los populares, el Constitucional "vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes", como informó el Diario.es. Además, alegan que se "perturbaría" el funcionamiento de las Cortes Generales.

Asimismo, alegaron que la interposición de los recursos de amparo sin haber agotado las vías internas es causa de inadmisión a trámite con carácter previo "como tiene determinado" el propio Tribunal Constitucional.

Por ello reclaman que admitir una medida cautelarísima como la solicitada, "implicaría que el Tribunal Constitucional vía interpretativa, interfiriera en la competencia del legislador".

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Apartar a los magistrados: la propuesta del PSOE

"La admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de los Diputados y Senadores ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular", señala el PSOE.

El PSOE ha solicitado ante el TC que se aparte del recurso a los magistrados Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez, adhiriéndose así a la recusación formulada por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, alegando que fueron nombrados por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a propuesta de su Ejecutivo, por lo que, podrían tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa".

El PSOE busca frenar el recurso del PP y para ello presentó una recusación contra los magistrados Pedro José González Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez. Fuente: Europa Press

"Como en todo proceso judicial, la composición de la Sala o Pleno del órgano debe ser tal que no deba permitir albergar la más mínima duda respecto a la imparcialidad de quienes lo integran, y es por ello, que en estrictos términos de defensa y como mejor proceda en derecho por medio de este escrito planteamos esta posible recusación", expone el documento.

En el caso de ser aceptada la suspensión de la tramitación, insisten los socialistas, "se perturbaría el funcionamiento de las Cortes Generales y se violentarían los derechos de los parlamentarios garantizados por el artículo 23 de la Constitución".

"Altera el orden constitucional"

Las medidas cautelares supondrían, para el PSOE, "una mutación constitucional impuesta por una minoría parlamentaria y una mayoría caducada en el Constitucional". Esto se debe a que "establecería la censura previa de los procesos legislativos de forma contraria a las normas, que derogaron un sistema similar hace casi 40 años".

Además, dado que "iría más allá del antiguo recurso previo, porque la censura afectaría no solo a la entrada en vigor de las normas aprobadas por los representantes del pueblo, sino que podría prohibir a esos representantes debatir y decidir sobre los asuntos que no le interesen a la minoría parlamentaria, creando así un parlamentarismo tutelado contrario a los principios del Estado Social y Democrático de Derecho".

Es más, el PSOE considera que lo que el PP está intentando con su recurso y con la petición de las medidas cautelarísimas "es dotar al Constitucional de un poder de veto real sobre una ley que se está tramitando". 

Por tanto, si se estimasen sus pretensiones, una minoría conservadora en las Cortes Generales conseguiría truncar el proceso legislativo a través de la mayoría conservadora del Constitucional, lo que para los socialistas "supondría una interferencia en la separación de poderes que violenta la formación de voluntad del legislativo" y constituiría un "precedente peligroso"

Reacciones de la oposición

La reforma impulsada por el Gobierno de España para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación tuvo avances en el Congreso. Entre acusaciones de golpismo y con todas las miradas puestas en el Tribunal Constitucional, finalmente, se ha aplazado al lunes 19 de diciembre su decisión sobre si frena parte de esta ley a petición del PP.

PP y Ciudadanos han decidido no votar en señal de protesta. Con 184 votos a favor, los de los socios de coalición y sus aliados parlamentarios, 64 en contra y una abstención, pone rumbo al Senado una proposición de ley en la que, a última hora, PSOE y Unidas Podemos han incluido una reforma para desbloquear la renovación pendiente de cuatro magistrados del TC. Vox ha votado en contra.

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El objetivo del Gobierno de España es que la ley, que modifica los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del "procés" y por los que aún debe ser juzgado el expresidente catalán Carles Puigdemont, vea la luz antes de fin de año.

El recurso del PP ante el Constitucional, para intentar frenar una reforma de las leyes del Poder Judicial y del propio Constitucional, a través de una proposición que se diseñó, en un principio, para derogar la sedición, ha unido a la izquierda, que ha acusado a los populares de acudir a los tribunales cuando pierden en las urnas.

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