¿El fin de la explotación sexual y laboral? Qué dice la nueva ley, punto por punto

El Gobierno español ha aprobado el martes 29 de noviembre el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. La misma, fue aprobada por el Consejo de Ministros y busca luchar contra todo tipo de explotación, ya sea de tipo sexual, laboral, por un contexto de mendicidad o tráfico de órganos.

El objetivo principal del texto es amparar a todas las víctimas de tráfico, que contiene a la explotación sexual (donde las víctimas son en su mayoría mujeres y niñas), pero también supone la explotación laboral, relacionado con la extracción y venta de órganos y tejidos corporales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que esta ley es "fruto del consenso interdepartamental" y "acaba con la dispersión normativa" actualmente existente en España. Además destacó que sigue las recomendaciones que se han ido aprobando a nivel internacional.

La legislación es "una herramienta" que supondrá "una lucha eficaz contra las mafias de la explotación, tratantes de personas" que mueven "el tercer negocio más lucrativo, tras las armas y las drogas", aseguró la ministra de Justicia.

Claves de la ley de trata: centrada en las víctimas y protección integral

La primera redacción de la ley tiene las siguientes claves:

El foco está puesto en las víctimas

La ministra de Justicia, Pilar Llop, calificó el martes la norma como "victimocéntrica", es decir, con las víctimas, su protección, asistencia, reinserción y reparación en el centro, evitando la revictimización.

Para ello, el texto despliega un amplio abanico de derechos que cubre de forma especial a los menores e incluye la privacidad y la protección de su identidad, la asistencia jurídica gratuita, la inserción social y laboral, el acceso a la prestación del ingreso mínimo vital y a la vivienda; también a la reparación integral y a la indemnización y restitución, tanto dentro como fuera del proceso judicial que pudiera darse.

Estos derechos se garantizan "con independencia de su nacionalidad, española o extranjera, y de su situación administrativa o cualquier otra circunstancia personal o social", y también desligándolos de la interposición de denuncia o la participación de la víctima en la investigación o el eventual proceso penal, una cuestión clave en un contexto como el de la trata, en el que las víctimas y muchas veces sus familias viven bajo la amenaza de quienes trafican con ellas, como aseguró El País.

Respecto del último punto, Unidas Podemos exigía mayores garantías para que las víctimas inmigrantes sin papeles tengan derecho al permiso de residencia y que no se vincule a su colaboración con la investigación policial y ese ha sido el punto discordante entre los socios de Gobierno que ha hecho que se retrase la aprobación de la ley.

Pilar Llop, ha explicado que se ha seguido "lo que dice el artículo 14 del Convenio de Varsovia" que especifica que las víctimas de trata, una vez que sean identificadas, tendrán derecho a residencia teniendo en cuenta su situación personal y su colaboración en el proceso penal: "Si es necesaria su declaración a lo largo del procedimiento, se le dará el permiso de residencia", aseguró la ministra de Justicia.

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Mecanismo Nacional de Derivación

El Mecanismo Nacional de Derivación (MND) será el órgano que dará pie a que se desplieguen todos los derechos y recursos que establece la norma, y estará adscrito a una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que también se creará. Su función, que llevarán a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, será "la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata y explotación a los servicios especializados de asistencia y protección, y la ejecución del procedimiento de identificación provisional de las víctimas".

El MND contará con una fusión de lo que solicitaban las áreas de Irene Montero y Fernando Grande-Marlaska: "Unidades Multidisciplinares de identificación en cada provincia, formadas por un representante a nivel provincial de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la Unidad de Violencia sobre la mujer integrada orgánicamente en la Delegación del Gobierno, Subdelegación del Gobierno o Dirección Insular que corresponda".

Nuevos delitos y penas para quienes cometan delitos de explotación sexual

El anteproyecto "aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos (no solo la trata con fines de explotación sexual, en la que se ha centrado hasta ahora principalmente la Estrategia española de lucha contra la trata) y contra todas las formas explotación que constituyen la finalidad de la trata, incriminando el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación", dice el preámbulo.

Así, el texto se refiere "a todas aquellas formas de explotación vinculadas a las finalidades de la trata y que tienen como denominador común la imposición de cualquier trabajo, servicio o actividad, regulado o no, lícito o ilícito, cuya prestación se exige a una persona en una situación de dominación o ausencia de libertad de decisión para prestarlo o abandonarlo".

Ese concepto engloba la esclavitud, la servidumbre y los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad, la realización de actividades delictivas, la prestación de servicios sexuales o reproductivos, la extracción de órganos o tejidos corporales y la celebración, por cualquier rito, de matrimonios o uniones de hecho forzadas, como lo informa El Pais.

En cuanto a la explotación sexual, el texto contempla penas de cárcel en la línea de la propuesta socialista para perseguir el proxenetismo en todas sus formas. El anteproyecto fija entre uno y cuatro años para: "Quien, sin haber intervenido como autor o partícipe, haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima [...] será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años". Y quedan exentos quien "habiendo utilizado ocasionalmente los servicios, actividades o prestaciones de una víctima [...] denunciare el hecho a la autoridad antes de la apertura del procedimiento o de las correspondientes diligencias policiales o judiciales".

También se contempla la penalización entre cinco y ocho años de cárcel a quien sea autor "del delito de trabajos o servicios forzosos", es decir, quien "ejerza sobre una persona un poder de disposición o control, y empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, la obligue a realizar cualquier trabajo o servicio, incluyendo prestaciones o actividades de naturaleza sexual, la mendicidad y la realización de actividades delictivas".

Y por último, para la llamada tercería locativa, de uno a cuatro años para quienes faciliten esa explotación "mediante el alquiler o puesta a disposición de locales de negocio, establecimientos comerciales o de lugares de alojamiento de las víctimas".

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Ley de Trata: "romper la cadena de negocio"

El texto, desarrollado bajo la dirección del Ministerio de Justicia, ha sido copropuesto junto a los ministerios de Igualdad, Interior, Inclusión, y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios (Asuntos Económicos, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo).

De manera general, el objetivo de la norma, después de cumplir con su "eje vertebrador", "la protección y asistencia a las víctimas", es también "desincentivar la demanda y tratar de romper la cadena de negocio que se genera utilizando a los seres humanos como mercancías", explicó la ministra de Justicia el martes. Para lograrlo, la norma ha incluido medidas de sensibilización, prevención y educación afectiva y sexual en un plan que se extiende al ámbito educativo, al de la publicidad y los medios de comunicación, al sanitario, y al sector privado y empresarial.