El primer DNU de la era Milei, que modificó la ley de Ministerios, puso sobre la mesa la nueva estructura de poder dentro del Gabinete. El jefe de ministros, Nicolás Posse, tendrá amplia competencia en materia de empresas públicas e injerencia, entre otras cosas, en su posible liquidación o privatización. Y el Ministerio del Interior, a cargo de Guillermo Francos, cedió completamente el manejo de las transferencias a provincias al Ministerio de Economía de Luis Caputo.
Caputo será un superministro. Con el ajuste de shock de 5 puntos del PBI como objetivo supremo, concentrará decisiones sobre comercio exterior, política industrial y regímenes especiales, tarifas de energía, minería, endeudamiento y, ahora, fondeo a las provincias.
El DNU 8/2023, el primero con la firma del nuevo plenario de ministros de Javier Milei, suprimió dos competencias claves del Ministerio del Interior, la de "intervenir en la evaluación de la estructura económica y financiera de los estados provinciales y regiones del país, para estar en condiciones de asistir a los mismos", y la de "intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y Municipales".
La firma del ministro del Interior le permitía, gracias a esa injerencia en el manejo de fondos, negociar apoyos políticos con los gobernadores. El DNU suprime la Secretaría de Municipios, por lo que, en principio, no habría relación directa con intendentes. Y traslada el vínculo económico con las provincias al Palacio de Hacienda.
Caputo y las provincias
Esto último queda claro en el punto 10 del artículo 20, que fija las competencias del nuevo Ministerio de Economía. Allí se faculta a la cartera de Caputo a "intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales".
La semántica importa en el lenguaje de la burocracia. Según la jurisprudencia, en el rango de competencias, la principal es "entender", que es "ocuparse directamente de un asunto con responsabilidad primaria. Luego le siguen "intervenir" que significa "tomar parte de un asunto, interponiendo su autoridad sin ser el responsable primario". En tercer lugar, se ubica "participar", que es "tomar parte del asunto", pero sin ese rol de autoridad.
Hasta hoy, Economía "participaba" en la negociación de fondos con las provincias e Interior "intervenía". Ahora, Hacienda asume el protagonismo.
Según estimaciones de Analytica, las transferencias no automáticas a provincias significan 0,7% del PBI. Es uno de los cañones a los que apunta el ajuste fiscal. Según sus proyecciones, podría recortarse hasta el equivalente a 0,3% del Producto.
Tarifas y privatizaciones
Caputo también tendrá un rol determinante en la política tarifaria. En una continuidad con la gestión de Sergio Massa, Economía asumirá la "propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía, de minería y de comercio. Si bien se especulaba con que Energía y Minería quedaran en el Ministerio de Infraestructura, este manejará la menguante obra pública y las funciones de la Secretaría de Transporte.
Posse y Caputo definirán el rumbo de las empresas públicas. El jefe de Gabinete tiene, entre tantas otras funciones, la de "intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización". Economía asistirá "conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros".
Interior, en tanto, absorberá los presupuestos y las políticas de Turismo, Deportes y Medio Ambiente.
Trabajo y planes sociales
La otra superestructura ministerial es la de Capital Humano. La cartera a cargo de Sandra Pettovello asumió funciones de Educación, Cultura, Desarrollo Social y Trabajo, entre otras.
Tendrá a su cargo, por ejemplo, "el régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores", programas de "capacitación laboral" y becas educativas, como Progresar, y funciones vinculadas a la "seguridad alimentaria" y a los programas sociales.
