Después de dos años y medio de corrección de precios relativos, una de las principales anclas del programa económico de Javier Milei parece estar llegando a su punto de maduración. La recomposición de las tarifas de los servicios públicos —electricidad, gas, agua y transporte— ya consumió la mayor parte del recorrido que el Gobierno consideraba necesario para reducir subsidios y sanear las cuentas públicas.
Los números muestran que el proceso está mucho más avanzado de lo que sugieren las discusiones cotidianas sobre aumentos mensuales. La cobertura tarifaria de los costos en energía eléctrica y gas natural ya supera el 70%, mientras que el costo fiscal de los subsidios energéticos se ubica en torno al 0,5% del PBI, una cifra que hace apenas dos años parecía inalcanzable.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), los hogares del AMBA pagan hoy tarifas que cubren en promedio el 58% de los costos totales de los servicios públicos, contra niveles sustancialmente más bajos al inicio del actual proceso de normalización.
La conclusión que comienza a ganar consenso entre especialistas es que el ajuste tarifario, tal como se lo conoció desde diciembre de 2023, está prácticamente concluido.
“Los niveles de cobertura y el costo fiscal ya son estables y manejables”, sostiene Nicolás Gadano, economista especializado en energía. Según su visión, la cobertura de costos en el sistema energético ya se ubica por encima del 70%, mientras que los subsidios que permanecen están cada vez más concentrados en los sectores de menores ingresos.
La propia dinámica de las cuentas públicas parece confirmar ese diagnóstico. El Gobierno redujo el peso de los subsidios desde niveles cercanos a 2,5 puntos del PBI hasta aproximadamente medio punto, una corrección fiscal de enorme magnitud. A partir de ahora, las posibilidades de seguir recortando significativamente esa partida parecen más limitadas.
“Puede ser un poco menos que 0,5%, pero es difícil bajarlo mucho más”, explica Gadano. “Lo más probable es que el ajuste futuro venga por una depuración del universo de beneficiarios y no por un nuevo salto generalizado de tarifas”.
Bolsillo
Hay además una restricción económica y política difícil de ignorar: la capacidad de pago de los hogares.
Los cálculos de Alejandro Einstoss, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) muestran con claridad dónde aparece ese límite. Al inicio de la administración Milei, la canasta de servicios públicos representaba aproximadamente el 5% del ingreso promedio de una familia. Hoy esa relación se ubica entre el 14% y el 15%.
El último informe del IIEP confirma esa tendencia. En mayo, la canasta de servicios públicos del AMBA equivalió al 14,1% del salario promedio registrado, prácticamente el triple de la participación observada al comienzo del proceso de corrección tarifaria. “Más de 15% es difícil porque el bolsillo no lo soportaría”, resume Einstoss.
Esa realidad explica por qué el Gobierno parece haber abandonado la lógica de fuertes recomposiciones generalizadas para pasar a una estrategia de microgestión: revisión de padrones, eliminación de beneficiarios que ya no califican para recibir subsidios y correcciones puntuales sobre regímenes especiales como Zona Fría.
Alivio en el sector energético
La novedad más relevante para los próximos años es que la discusión energética podría cambiar de signo.
Durante décadas, el problema fue la escasez de oferta y la necesidad de importar combustibles a precios elevados. Ahora la expectativa es exactamente la inversa.
Gadano estima que hacia 2027 Argentina podría dejar de importar gas natural de manera estructural gracias al desarrollo de Vaca Muerta y la ampliación de la infraestructura de transporte. A medida que suba la oferta local, el costo económico del sistema tendería a bajar.
El escenario es relevante porque una eventual reducción adicional de subsidios podría ser compensada por menores costos de abastecimiento. En otras palabras: el usuario podría pagar una mayor proporción de la factura sin que necesariamente aumente el monto final.
El caso del gas es particularmente ilustrativo. El esquema de precios del Plan Gas otorga previsibilidad hasta 2028 y las nuevas inversiones prometen incrementar la producción disponible para abastecer el mercado interno y las exportaciones.
En electricidad también aparece un cambio estructural. La Secretaría de Energía comenzó a avanzar hacia mecanismos más cercanos a precios de mercado para la contratación de energía, mientras el desarrollo de nuevos proyectos de generación incrementa la competencia del sistema.
Si la etapa de fuertes aumentos tarifarios parece agotarse, eso no significa que las tarifas vayan a dejar de subir. El comportamiento futuro estará mucho más vinculado a la propia dinámica inflacionaria que a la corrección de atrasos acumulados.
Transporte: el proceso continúa
Si existe un sector donde todavía persisten desafíos relevantes, ese es el transporte.
Mientras la corrección en energía parece haber encontrado un piso para los subsidios y un techo para las tarifas, en transporte el proceso continúa.
Los datos muestran que los subsidios al transporte siguen cayendo en términos reales mientras aumenta el peso relativo de los usuarios en el financiamiento del sistema. El propio IIEP señala que el transporte ya representa cerca de la mitad de la canasta de servicios públicos del AMBA y explica casi el 48% del gasto total de los hogares en este rubro.
La discusión de fondo es compleja. Menores subsidios implican más presión sobre las tarifas o menores recursos para sostener frecuencias, renovación de flotas e inversiones.
“El punto crítico para las familias es la factura del transporte”, advierte Einstoss.
