En la previa a la Navidad, la industria del juguete levantó una alerta por la importación de juguetes que han sido formalmente retirados del mercado en Estados Unidos (EE. UU.) o no cumplen con normas de seguridad y calidad; el riesgo para los consumidores y la competencia desleal.
Como consecuencia de la baja de aranceles y la facilitación a la importación, en el mercado local proliferan productos que tienen antecedentes formales de recall (retiro del mercado) dispuestos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), la máxima autoridad de seguridad de productos de consumo en EE. UU.
A la par de la competencia desleal que golpea al sector en plena crisis de consumo, el riesgo principal reside en la facilidad con la que estos artículos peligrosos ingresan al circuito de venta nacional, advirtió la Cámara Argentina de la Industria del juguete (CAIJ) y puso énfasis en la modalidad de compra internacional en Mercado Libre, donde se eluden los mecanismos habituales de fiscalización y certificación locales.
Al ser declarados peligrosos en su país de origen, estos juguetes “no deberían estar disponibles para el público en ningún mercado”, pero su venta online bajo la modalidad de importación directa permite que no haya control aduanero o fronterizo efectivo sobre el cumplimiento de las normas argentinas de seguridad.
Además, se venden sin la certificación local visible (como la certificación obligatoria del INTI o de organismos reconocidos bajo la Resolución 163/2005 y la normativa IRAM-NM 300) y carecen de información clara en español sobre los riesgos que implican.
“El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva para los juguetes destinados a chicos y chicas”, señaló Matías Furió, titular de la CAIJ.
Los casos fueron elevados a las autoridades de la Secretaría de Industria y Comercio a través de, al menos, 8 presentaciones que derivaron en expedientes sobre los que se deberá expedir la autoridad.
Desde la dependencia que coordina Pablo Lavigne, reconocieron que hay “muchas” investigaciones en curso y señalaron que realizan una “política de vigilancia de mercado de los productos que se comercializan en el país”.
“La misma consiste en un control ex post que comienza a partir de verificaciones de oficio impulsadas por la Secretaría o por denuncias de Cámaras Empresariales, tal el caso de la CAIJ”, indicaron.
Respecto a la dinámica de las presentaciones, explicaron que “en caso de que se constaten irregularidades en los productos, la Secretaría ordena el retiro del mercado, el cese de la comercialización y la imputación por presunta infracción a la normativa de seguridad en juguetes, como ha sucedido con peluches, pizarra mágica, pistola de hidrogel, juego de pesca, teléfono interactivo, etc.“.
Riesgos Específicos
Los productos que se cuelan en el mercado argentino sin regulación exponen a los niños a peligros graves como riesgo de asfixia por piezas pequeñas: juguetes con componentes que se desprenden o que, por su diseño, violan la prohibición de piezas pequeñas para menores de 3 años, como los que causaron retiros recientes en EE. UU.
Otra de las advertencias es por peligro de ingestión de baterías de litio. “Las pequeñas pilas botón presentes en juguetes sin el cierre de seguridad adecuado pueden ser ingeridas, causando graves quemaduras internas, perforación intestinal y hasta la muerte”, precisó la CAIJ.
Al mismo tiempo, apuntó a riesgos químicos por la comercialización de juguetes con niveles peligrosos de sustancias prohibidas en Argentina y EE. UU., como ftalatos (ablandadores de plástico) o plomo en pinturas, cuyo consumo afecta el desarrollo neurológico infantil.
Entre otros, también señalan el daño por elementos magnéticos. “Si se ingieren múltiples imanes de alta potencia, estos pueden atraerse en el tracto digestivo, provocando obstrucciones, perforaciones e infecciones severas”, planteó la entidad.
Normativa, control y sanciones
En Argentina, la seguridad de los juguetes se rige principalmente por normativas nacionales que adoptan o se alinean a estándares internacionales, como la Resolución 163/2005 (y actualizaciones), que establece la obligatoriedad de un Certificado de Seguridad basado en normas IRAM-NM 300.
También están habilitados organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras certificadoras reconocidas que son clave para este proceso.
Sin embargo, el comercio digital de importación directa ha creado una "zona gris" que anula estos controles preventivos, dejando en manos del consumidor argentino la responsabilidad de identificar si un producto ya fue declarado peligroso en el exterior.
Frente a esto, desde la entidad posan las responsabilidad en los consumidores y llaman a que prioricen canales formales; esto significa comprar juguetes en comercios habilitados y de confianza que garanticen la certificación local.
Otro punto de prevención es la verificación del etiquetado. “Asegurarse de que el producto tenga el sello de certificación, el rango de edad y las advertencias de seguridad en idioma español”, agregó CAIJ.
Al mismo tiempo puso bajo sospecha los productos que se comercializan a muy bajo costo que “suelen ser un indicador de que el artículo no pasó por los costosos procesos de certificación y control”.
Por último, el paso clave para no adquirir un producto con alerta en otro país, la CAIJ recomendó consultar listas de Recall antes de comprar, especialmente online, verificar si el producto ha sido retirado en sitios de seguridad de consumo internacionales, como el de la CPSC (cpsc.gov).
Por su parte, desde Comercio indicaron que “en los casos en los que se detecten productos con defectos o que no cumplan con la normativa, se procederá a aplicar sanciones de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente (DNU de Lealtad Comercial N° 274/19 y Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240) que prevé multas de hasta $2.700.000.000″.
Respecto a la responsabilidad en caso de daños o perjuicios que sufran los consumidores señalaron que “recae sobre el importador y/o fabricante y los comercializadores, de acuerdo a lo que dicta la Ley de Defensa del Consumidor”.
Por último, aunque no dieron detalle de la cantidad de sanciones o retiro de productos realizados, indicaron que el país se encuentra adherido al procedimiento sobre alerta y retiro de productos y servicios considerados potencialmente nocivos o peligrosos en el Mercosur, “lo que permite el retiro de productos riesgosos”.
