Con apoyo de la oposición, el Senado convirtió en ley la ampliación presupuestaria que impulsaba el oficialismo en pos de otorgar un mayor margen para el gasto por $ 1,8 billones, para contrarrestar los efectos económicos de la crisis profundizada por la pandemia de coronavirus.

El proyecto avanzó tras una votación por 67 votos a favor y uno en contra, del senador salteño aliado de Cambiemos Juan Carlos Romero.

En concreto, la enmienda incrementa en $ 1,85 billones el monto autorizado de gasto, del cual unos $ 978.220 millones estarán destinados a transferencias corrientes y $ 626.067 millones, a prestaciones de seguridad social. Se trata de un incremento del 33,5% que llevaría al gasto total en el año a $ 7,4 billones.

Desagregado el gasto, el $ 592.236 millones se destinarán a prestaciones de la seguridad social; unos $ 250.677 millones, a subsidios económicos, como el sostenimiento del congelamiento de las tarifas de servicios públicos; $ 170.000 millones se orientarán las partidas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y $ 130.274 millones a otras asignaciones.

Además, contempla una suba de $ 125.834 millones en concepto de gastos de capital, $ 78.009 millones en concepto de "desarrollo social", $ 63.871 en educación y $ 51.710 millones en salud.

Ingresos y déficit

En contrapartida, la ley aumenta los ingresos proyectados apenas un 17,2%, unos $ 642.845 millones, lo que llevaría el total anual a $ 4,39 billones. No obstante, los tributarios crecerían por debajo del promedio, un 16,4%, de $ 369.488 a $ 2,6 billones, mientras que los de aportes y contribuciones a la seguridad social aumentarían 21,5% ($ 230,641 millones extra) a $ 1,3 billones.

De esta manera, el resultado primario, neteado de las utilidades del Banco Central (BCRA) que superan el billón de pesos, más que se duplicaría: aumentaría 119% y alcanzaría los $ 2,23 billones en 2020.

Se trata de un agravamiento del resultado fiscal por $ 1,2 billones, que se financiará mayormente con la remisión de utilidades del BCRA en un 83,6%, mientras que el 16,4% restante se fondeará con ingresos tributarios.