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El Estado posterga hasta fin de año su desembarco en un negocio millonario

El Gobierno les extendió concesiones a las empresas privadas hasta el 9 de diciembre. Cómo es el negocio y qué buscan las multinacionales.

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El Gobierno postergó por 60 días el ingreso del Estado nacional a la gestión de las cuatro represas hidroeléctricas cuyas concesiones vencen este año, con la posibilidad de extender por otros 60 días su entrada. El "negocio del agua" ronda entre los u$s 100 y los u$s 200 millones por año y estas cuatro centrales suman casi 4400 MW, el 10% de la capacidad que tiene la Argentina.

Mediante la resolución 574/2023, la secretaria de Energía, Flavia Royon, determinó que las empresas privadas deberán seguir al menos hasta el 10 de octubre o el 9 de diciembre a cargo del complejo Alicurá (AES), El Chocón - Arroyito (Enel) y Cerros Colorados (Orazul Energy), mientras que Piedra del Águila (Central Puerto) se devolverá entre febrero y abril de 2024. La decisión se publicó apenas un mes antes del fin de las primeras tres concesiones.

Mientras tanto, a partir del 11 de agosto entrarán a las primeras tres centrales un veedor del Estado nacional vía la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) y representantes de las provincias (Neuquén y Río Negro).

Alicurá, concesionada a AES, es la primera represa aguas arriba del río Limay; la concesión vencía en agosto

La razón oficial esgrimida es para "preservar la seguridad de las personas y los bienes" ubicados en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, aunque, cuentan en el sector, el Estado recién empezó hace unos días a relevar el estado de los activos y la situación del personal técnico de las represas.

Represas hidroeléctricas: Nación, provincias y empresas

También el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, quiere evitar que acudan a la Corte Suprema de Justicia en medio de la campaña electoral los gobernadores actuales y electos, Omar Gutiérrez, Rolando Figueroa (Neuquén), Arabela Carreras y Alberto Weretilneck (Río Negro), posibles aliados de su candidatura de cara a octubre o un eventual ballotage en noviembre.

Es que durante el gobierno de Carlos Menem la Nación privatizó en 1993 por 30 años las centrales hidroeléctricas de Hidronor, y en 1994 la reforma de la Constitución Nacional estableció que los recursos naturales pertenecen a los estados federales (las provincias).

La visión de los funcionarios nacionales hoy es que la infraestructura fue construida por el Estado nacional y los recursos efectivamente son de las provincias, por lo que quieren compartir la participación en la gestión de las represas. Además, Massa, Royon y Agustín Gerez, presidente de Enarsa, exploran una alternativa para otorgar un contrato de Operación y Mantenimiento (O&M) a los privados, que tienen el expertise pero no están interesados en asumir ese riesgo con baja rentabilidad y sin la propiedad del activo.

Nación quiere compartir la gestión y la propiedad del activo con las provincias y dar un contrato de Operación y Mantenimiento a las empresas. El sector privado solo está interesado en quedarse si puede computar contablemente la propiedad de los activos; no les interesa asumir riesgo sin tener activos

El Cronista visitó la semana pasada la central hidroeléctrica Alicurá, a 115 kilómetros de San Carlos de Bariloche, invitado por la multinacional AES (Estados Unidos), a cargo de la concesión ahora hasta fin de año.

Martín Genesio, presidente y CEO de AES Argentina, señaló que esperan sumarse a la mesa de diálogo armada con una comisión entre la Nación y las provincias, anunciada por Massa la semana pasada tras una reunión con los gobernadores. "Queremos seguir al frente de la central brindando nuestra experiencia y excelencia operativa, demostrada en todos estos años. Somos un actor positivo en este asunto", dijo Genesio.

AES compró en 2000 los activos eléctricos de Southern Company, empresa a la que le habían concesionado Alicurá en 1993. En Argentina AES cuenta con 11 centrales, entre 4 represas hidroeléctricas, 5 unidades térmicas y 2 parques eólicos, con una potencia total de 3919 megavatios (MW; 1207, 2512 y 200, respectivamente); en el mundo, está en 11 países, de los cuales en 4 tiene activos hidroeléctricos (Panamá, Colombia, Brasil y Argentina), que representan 5590 MW sobre una cartera global de 32.479 MW.

El objetivo estratégico de la multinacional es virar progresivamente hacia las energías renovables y ser protagonista de la transición energética, cuenta Genesio. La extensión de la propiedad del activo le permitiría computar en su cartera una enorme central de energía limpia, que balancea la generación con combustibles fósiles y reduce la huella de carbono.

En particular, AES tiene en el complejo Alicurá 4 turbinas tipo Francis de 260 MW cada una, con una capacidad total de 1040 MW. Genera unos 2360 gigavatios-hora (GWh) de electricidad por año, equivalentes al consumo promedio de 3,2 millones de personas . Tiene 98% del tiempo disponible a la central, que es capaz de entregar en 3 minutos la energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), una de las más rápidas del parque.

El factor de uso ronda el 15% al 18%, pues el operador, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), solicita su entrada en momentos de alta demanda; por un salto de 110 metros desde el embalse, que funciona como límite entre Neuquén y Río Negro, entran a 4 tubos unos 265 metros cúbicos de agua (265.000 litros) por segundo.

El negocio del agua en las represas hidroeléctricas

Como las hidroeléctricas tienen un bajo costo de operación y no necesitan combustible, su remuneración ronda el equivalente en pesos a 7,50 dólares por megavatio-hora (MWh), bien por debajo de los entre 40 y 60 dólares que se le pagan a las centrales térmicas más eficientes, a las que se les suministran el gas, el gasoil, el fuel oil y el carbón mineral.

Las represas perciben cada una unos 20 millones de dólares por año, que les sirve para la gestión y las inversiones; aseguran que no tienen un ingreso "desmedido". Las tarifas están pesificadas y no se actualizan por inflación

El pago que hace Cammesa -que recibe el dinero de las tarifas que pagan los hogares, comercios e industrias, así como de los subsidios que pone el Estado nacional- es de aproximadamente 20 millones de dólares por año a cada una de las centrales hidroeléctricas concesionadas, entre la energía (generación) y la potencia (disponibilidad). La remuneración sirve para la operación, el mantenimiento y las inversiones que permiten mantener en pie el equipamiento. "No nos genera un ingreso desmedido", asegura Genesio; el flujo de fondos es cercano a 0 a fin de año.

"Estamos para apoyar la transición. Nos queremos quedar, sabemos cómo gestionar las represas hidroeléctricas", remarca el presidente y CEO de AES Argentina, la única multinacional que seguirá participando en el negocio de generación eléctrica en el país tras el fin de la concesión de Orazul Energy y la venta de activos que está completando Enel.

Por último, Genesio subraya que el dueño del activo debe destinar millonarias inversiones para mantener siempre disponibles las represas; de otra forma, en el mediano y largo plazo faltará capacidad de generación eléctrica en el sistema.

Según un relevamiento de El Cronista, el resto de los concesionarios aún no definió qué hacer, pero un supuesto contrato exclusivamente para O&M no les resulta atractivo. Incluso, las multinacionales pueden avanzar más adelante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que las empresas acuden para resolver problemas con los Estados, pues la Argentina violó contratos, principalmente tras el fin de la Convertibilidad y la pesificación de las tarifas.

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